Los Ángeles – La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) presentó este jueves un plan «efectivo» para procesar inmigrantes en la frontera sur sin afectar el debido proceso y minimizar la crisis que, en su opinión, ha agravado el Gobierno del presidente Donald Trump con sus políticas.
AILA, que agrupa unos 15.000 abogados especializados en inmigración, propone trabajar en cinco frentes que incluyen aumentar la capacidad de los oficiales que procesan asilo político, mejorar la eficiencia de los tribunales de inmigración y ampliar las alternativas de detención de los solicitantes.
Asimismo recomienda que el Gobierno financie la asesoría legal de los migrantes y abordar soluciones regionales para los problemas que originan la inmigración, especialmente en Centroamérica.
Este plan, que AILA enviará al Congreso federal, surge como respuesta a las políticas que la Administración Trump ha aplicado en los últimos meses ante el incremento de los solicitantes de asilo, que llegan por decenas de miles cada mes a la frontera sur.
«Estas políticas no están creando un orden en la región fronteriza, por el contrario están dejando confusión y haciendo las operaciones menos eficientes», señaló en una conferencia telefónica el director de relaciones gubernamentales de AILA, Greg Chen.
«Necesitamos un plan efectivo», agregó el abogado.
Cheng recalcó que las medidas tomadas por el Gobierno, como el «Protocolo de Protección a Migrantes» (MPP), que requiere que los solicitantes de asilo esperen en México mientras avanza su solicitud, están minando el derecho al debido proceso que estas personas tienen.
Según AILA, actualmente hay unos 9.000 inmigrantes esperando en la frontera norte de México para exponer su caso de asilo en un tribunal de inmigración, y «una gran cantidad de ellos estaría en riesgo de perder las audiencias por la falta de orden y de recursos para que estos emigrantes puedan cumplir con las citas».
Una de las recomendaciones de la asociación de abogados es otorgar autoridad a los oficiales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para realizar un juicio completo y otorgar el asilo a los solicitantes, decisiones que actualmente sólo puede tomar un tribunal de inmigración.
La consejera de políticas de inmigración de AILA Leidy Pérez-Davis dijo que si se otorga este poder a los oficiales de USCIS la acumulación de casos en las cortes de inmigración disminuiría.
«Además los costos y el personal que tiene que intervenir para decidir estos casos se reduce, un ahorro de tiempo y recursos» indicó.
Los casos que los oficiales no pudieran aceptar serían remitidos a los tribunales de inmigración, explicaron sobre una iniciativa que apunta además a la cancelación de programas como MPP.
Para Luis Guerra, miembro de Catholic Legal Immigration Network Inc (CLINIC), es «urgente» establecer estos cambios.
Este activista que trabaja entre Tijuana (México) y San Diego (California) asegura que al llegar a EE.UU. los indocumentados se encuentran una «frontera ausente de cualquier ley».
«Todos los días vemos a solicitantes de asilo que son regresados a México que vienen con más preguntas que respuestas. No les han explicado apropiadamente el proceso al que se enfrentan, y se alimentan sólo de rumores que aumentan la confusión», explicó Guerra.
Ante esta situación, AILA también propone que el Gobierno financie consejeros legales para los solicitantes, lo que ayudaría a promover la eficiencia de los casos en las cortes y dar un trato justo a los solicitantes de asilo.
Guerra destaca que los solicitantes de asilo que reciben consejo legal o están representados por un abogado tienen más posibilidades de obtener el asilo.
El grupo de abogados insiste que en este proceso es necesario otorgar independencia a los tribunales de inmigración y que sólo así la contratación de más jueces sería eficiente, y se podría «recuperar la fe en el sistema», subrayó Pérez.
En el paquete de medidas los defensores de los inmigrantes recomiendan además ampliar las alternativas de detención para los solicitantes de asilo que garanticen la seguridad de las familias, y de los refugiados que.
Para Eleanor Acer, directora de Refugee Protection Human Rights First, EE.UU. debería invertir en albergues que garanticen la seguridad de familias y solicitantes de asilo y ayudar a los países de la región a implementar esta clase de programas «antes de implantar políticas que están dejando caos en los puertos de entrada».
