Tegucigalpa – Honduras requiere legislar para proteger a los desplazados por la violencia en el país, donde unas 250.000 personas han tenido que abandonar su hogar entre 2004 y 2018, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El representante de Acnur en Honduras, Andrés Celis, dijo en una entrevista con Efe que el proyecto de ley presentado ante el Parlamento hondureño contribuiría a «clarificar contenidos de los derechos de las personas desplazadas» por la violencia.
El proyecto de Ley para prevenir, atender y proteger a las personas desplazadas internamente fue presentado en marzo pasado por la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia en Honduras, sin que siquiera se llegue a discutir.
Agregó que el marco legal busca «clarificar la respuesta del Estado» frente al desplazamiento forzado en el país y hacer visible el fenómeno, su magnitud y los sectores más afectados, para garantizar un resultado efectivo de las estrategias de intervención.
En su opinión, la falta de cifras reales sobre desplazados forzados por la violencia es una limitante para «dar visibilidad» al fenómeno.
Según cifras del estatal Comisionado de Derechos Humanos, unas 250.000 personas se vieron obligadas a abandonar su casa en Honduras por la violencia entre 2004 y 2018.
«El hecho de que exista un marco ordenado de asistencia contribuye a la protección» de los desplazados y hace que «salir de su hogar) sea una alternativa», subrayó Celis.
Desplazarse de manera forzada, aseguró, «por extraño que suene es una medida de protección» pero hay que «generar las condiciones para ello».
Muchos de los desplazados son familias completas, y según sus testimonios, están huyendo por amenazas de muerte, extorsión y el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes, señaló el representante de Acnur.
Destacó que muchos de los desplazados son víctimas de trata o despojo de sus viviendas o tierras abandonadas ante los vacíos que tiene el país en cuanto a dar respuestas a esas personas.
La ley es un «elemento esencial» para garantizar la protección de los desplazados y debe contemplar un mecanismo de sistema humanitario y la protección de los derechos humanos, principalmente de bienes y patrimonio abandonado, añadió.
De acuerdo a las autoridades hondureñas, el proyecto prevé además la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Respuesta, que incluye medidas de protección y prevención.
Además, recoge las recomendaciones que hizo en 2016 el entonces relator de la ONU para los derechos humanos de los desplazados internos, Chaloka Beyani.
Celis enfatizó en la necesidad de fortalecer «los mecanismos de prevención» y «el tipo de respuesta que debe establecerse para contrarrestar las causas del desplazamiento».
Abogó por una mayor presencia y efectividad del Estado en zonas con altos niveles de violencia y una «clarificación en términos de asistencia para evitar expectativas que no se puedan cumplir para atender necesidades específicas de la población».
La asistencia psicosocial y la protección de su patrimonio forman parte de las necesidades de los desplazados por la violencia generada por el crimen organizado y las pandillas, añadió.
Dijo además que uno de los retos de Honduras es generar «las capacidades» para atender a las diferentes necesidades de las personas obligadas a desplazarse.
«Si bien (el país) requiere apoyo y hay disposición de apoyo de diferentes organismos de comunidad internacional, pero debe iniciar de manera ordenada una respuesta», subrayó Celis.
Para ello, agregó, es necesario emprender «un marco de respuesta ordenado e integral» en Honduras, para definir el apoyo que requiere el país para proteger a esas personas.
El Estado hondureño reconoce el desplazamiento forzado interno, pero es necesario avanzar hacia «una respuesta más específica» que permita atender las necesidades de esas personas, señaló el representante de Acnur en Honduras.
Honduras es uno de los seis países de Mesoamérica que se comprometieron, bajo el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones, a fortalecer sus sistemas de protección, incluyendo a avanzar en medidas que aborden las causas estructurales del desplazamiento forzado, como una contribución concreta al Pacto Mundial sobre Refugiados.
