Autor del artículo: Proceso Digital
Tegucigalpa – Dos años después de su asesinato, un hecho que conmovió al mundo, el crimen de la líder ecologista e indigenista, Berta Cáceres , encuentra justicia con la primera condena en contra de sus hechores, materiales e intelectuales, en un juicio que despertó la expectativa mundial ante los cuestionamientos a que fue sometido el Ministerio Público y el mismo poder judicial.
Desde que iniciaron las primeras capturas, la duda sobre las operaciones fiscales fue la constante, en especial por parte de instancias internacionales humanitarias, la parte acusadora de la familia y los mismos sindicados en el hecho. La apuesta era a que el juicio se caía y se perdía. El tiempo muestra una realidad distinta.
A medida que iniciaba el proceso, el Ministerio Público se mostró riguroso en sus acciones, la custodia de las pruebas y la búsqueda de evidencias que sustentaran el caso.
También se produjo una serie de amparos para dar largas al caso. Los tribunales conocieron más de seis recursos de amparo presentados por la familia acusadora y la defensa de los imputados, entre otros. El proceso legal llevó dos años hasta que se fijó la fecha para el juicio. En esa estrategia de ensanchar las dudas sobre el proceso judicial, ante los jueces que integraban el tribunal de sentencia fueron cuestionadas, sin éxito alguno.
El último amparo se presentó justo horas antes de iniciar el juicio, mismo que se dilataba, obligaba a los imputados a ser liberados pues estaba por vencerse el plazo por el cual una persona puede estar en prisión antes de ir a juicio. El tribunal de sentencia optó por continuar el juicio para cumplir con los tiempos procesales y los recursos de amparo interpuesto ante las instancias legales correspondientes, fueron aceptados unos, rechazados otros, pero sin suspender el proceso de juicio iniciado.
Los resquemores aumentaron cuando la parte acusadora privada de la familia de Berta Cáceres, denunció que había sido excluida del juicio y el tribunal fundamentó el por qué se tomó la decisión. Sus argumentos más o menos fueron los siguientes: “El tribunal de sentencia, en vista que hoy antes del inicio del juicio las acusaciones privadas presentaron un nuevo Recurso de Amparo, tomó tres decisiones: 1. En vista que los acusadores no se presentaron y estaban debidamente citados se resolvió tener por abandonada la acusación privada.2. En vista que el recurso de Amparo no ha sido admitido y por tanto no ha sido suspendida su competencia, resuelve continuar el conocimiento del caso. 3. Se señala inicio del juicio para el sábado 20 de octubre a las 9:00 a.m.”. Esa determinación fue el 19 de octubre de este año.
Los pagos por el crimen
El juicio siguió el proceso de evacuación de más de 100 pruebas científicas presentadas por el Ministerio Público, la evacuación de escuchas telefónicas, interceptación de mensajes entre los implicados, presentación de pruebas patrimoniales, declaración de testigos, presentación de testimonios de testigos protegidos, entre otros procedimientos.
En el juicio uno de los testigos dijo que se habrían pagado 100 mil lempiras por la muerte de Berta Cáceres a uno de los sicarios oriundo de Santa Bárbara, en tanto se develó la triangulación de los implicados con dos altos personeros militares, uno en retiro, y el otro, activo al momento de ocurrir el asesinato.
Los relatos del juicio indicaron también, según los propios investigadores, que la muerte de Berta Cáceres estaba programada para el mes de febrero, pero que contratiempos de último momento, hicieron que se pospusiera para el mes de marzo de 2016. Se probó toda la planificación y responsabilidad y autoría de cada una de las partes.
Elvin Rápalo fue identificado por uno de los testigos como el hombre que apretó el gatillo contra Berta Cáceres, y aunque Rápalo quiso ocultarse detrás de su abogado defensor, el testigo le reconoció y luego relató con lujo de detalles cómo fue que mataron a la ambientalista.
Otro testigo, relató que el mayor Mariano Díaz Chávez, le dijo que le habían ofrecido 500 mil lempiras para asesinar a Berta y que el contacto encargado era Douglas Bustillo. Ambos imputados y condenados.
El juicio también reveló que unos testigos que habían sido presentados por la parte acusadora privada terminaron siendo personas comprometidas. La familia de Cáceres se asustó al conocer el papel de esos testigos a quienes ellos creían gente de su confianza.
Los condenados
La Fiscalía presentó pruebas no solo del arma y disparos en contra de Berta Cáceres, también cómo los hechores regaron sus evidencias por diversas partes en un afán de no ser conectados. Probaron que, en la ciudad de La Ceiba, donde residía uno de los imputados, encontraron 100 mil lempiras, uniformes militares y tenis que contenían las huellas dejadas en la escena del crimen. La triangulación de todas esas acciones perpetradas en el crimen fue demostrada por los fiscales, según se rescata de la lectura de la sentencia.
Al escuchar todas las partes, el tribunal de sentencia condenó por asesinato en perjuicio de Berta Cáceres a: Sergio Ramón Rodríguez, Douglas Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Henry Javier Hernández; Edilson Duarte Meza, Oscar Aroldo Torres y Elvin Rápalo. Absuelve por asesinato y por encubrimiento a Emerson Duarte Meza.
La condena de pena carcelaria que se les dará a cada uno de los imputados, se dará a conocer el 10 de enero de 2019. La familia de Berta Cáceres y organizaciones humanitarias nacionales e internacionales consideran que este es un paso con señales esperanzadoras en el juicio de la ambientalista.
La encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Heide Fulton, que ostenta interinamente la representación diplomática, felicitó la labor de la justicia y el Ministerio Público.
El Ministerio Público anunció que esta condena es parte de este proceso, al citar que faltan dos juicios más, al tiempo que no descarta nuevos requerimientos fiscales por el mismo caso.
La justicia ha dado muestras que este crimen de alto impacto no quedará impune.
