Altos mandos militares de Nicaragua se reúnen con nuevo embajador de EEUU

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Managua- El Ejército de Nicaragua informó hoy que su alto mando militar se reunió con el nuevo embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan, con quien abordaron la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal.

En el encuentro con el diplomático estadounidense, por el Ejército participaron su jefe, el general Julio César Avilés; el jefe del Estado Mayor, mayor general Bayardo Rodríguez, y el inspector general, mayor general Marvin Corrales.

Según el Ejército, Sullivan realizó esa visita de cortesía el lunes y durante la reunión hablaron sobre la estrategia de Estado contra el narcotráfico, denominada «Muro de Contención».

La estrategia del «Muro de Contención» tiene como principal objetivo «no permitir el ingreso y circulación de drogas, incautación de activos proveniente de actividades ilícitas, o el establecimiento de organizaciones del crimen organizado por nuestro territorio nacional», de acuerdo con el Ejército.

El embajador Sullivan llegó acompañado del oficial superior para Asuntos de Defensa y Agregado de Defensa de Estados Unidos en Nicaragua, teniente coronel William R. Hogan.

Sullivan, quien comenzó su misión en Managua hace 13 días, también se reunió este martes con representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua.

Entre sus objetivos principales, el embajador Sullivan espera continuar el trabajo de la misión de los Estados Unidos en el país para promover la democracia, la prosperidad y la seguridad en Nicaragua, según la delegación diplomática.

La reunión de Sullivan con los defensores de derechos humanos se registra en momentos en que Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica, que desde el 18 de abril pasado suma de 325 a 545 muertos, 610 «presos políticos», cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados, de acuerdo con organismos humanitarios locales e internacionales.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega -quien reconoce 199 muertos y 273 reos, que denomina «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes»- rechaza responsabilidades y asegura que ha vencido un intento de «golpe de Estado».

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario tras 11 años de Gobierno, por el saldo mortal en las manifestaciones. 

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