Los defensores de la inmigración realizan un mitin pidiendo a los legisladores estadounidenses que creen un camino hacia el estado de residencia permanente EFE/EPA/Michael Reynolds

Washington – «Aquí estamos, no nos vamos!», con este grito varias coaliciones a favor de los inmigrantes y beneficiarios de programas temporales de acogida como DACA y TPS exigieron hoy al Congreso la creación de una vía para un estatus permanente, ya que, aseguraron, es un «cuestión moral».

«No se trata de la situación legal, hablamos de una cuestión moral y compasión», afirmó Arianna Velasco, nacida en San Francisco e hija inmigrantes salvadoreños protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), en un acto en frente del Capitolio.

Velasco, de 19 años y estudiante en la Universidad de California en Berkeley, se mostró «enfadada» por la actitud de la Administración del presidente Donald Trump al ignorar las «contribuciones» de todos estos inmigrantes a la economía del país.

«Pónganse en el lugar de estos niños que pueden perder a sus padres y la incertidumbre que viven», remarcó al dirigirse a los senadores y representantes del Capitolio.

Los activistas irrumpieron inmediatamente con cánticos: ¡Aquí estamos, no nos vamos!

Junto a Velasco, también intervino Samuel Cervantes, beneficiario del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que será revisado por el Tribunal Supremo en los próximos meses.

«El Tribunal Supremo no puede hacerle el trabajo sucio a la Administración Trump. Por eso los miembros del Senado deben pasar la legislación para proveer tranquilidad y oportunidad de aplicar a la ciudadanía «, subrayó Cervantes.

«Lo gente vive con mucho miedo ante la posibilidad de que se rompan muchísimas familias de honrados trabajadores y trabajadoras», dijo Cervantes, nacido en México pero que llegó Texas con apenas 5 años.

Ambos programas han sido desafiados por el Gobierno de Trump quien anunció hace dos años su supresión. La medida provocó inmediatamente querellas legales que serán dirimidas en los tribunales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) anunció en febrero pasado la extensión hasta el 2 de enero de 2020 del TPS para los beneficiarios de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, en cumplimiento de una resolución judicial.

El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Washington concede permisos de forma extraordinaria a los ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales

Según datos del Servicio de Investigación del Congreso, en 2018 había más de 436.000 inscritos en el TPS en todo el país, de los cuales aproximadamente el 90 % son de El Salvador (262.000), Honduras (86.000), Haití (58.000) y Nicaragua (5.000).

Por su parte, DACA, decretado por el expresidente Barack Obama (2009-2017), protege a sus beneficiarios de la deportación y en ciertos casos les otorga un permiso de trabajo temporal y les permite acceder a una licencia de conducir, unos beneficios que deben renovar cada dos años.

Casi 800.000 jóvenes indocumentados se han visto beneficiados por este programa, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

La mayoría de ellos mexicanos, ya que casi el 80% procede ese país, seguidos por salvadoreños, guatemaltecos y hondureños.