La propuesta local, presentada por los concejales latinos Ydanis Rodríguez y Carlos Menchaca, busca que tanto la Asamblea como el Senado de Nueva York aprueben un proyecto de ley presentado el mes pasado y que resulta de especial interés para la comunidad hispana en Nueva York. EFE/Archivo

Nueva York – El Concejo municipal de la ciudad de Nueva York aprobó una resolución por la que insta al Congreso estatal a que permita que todos los ciudadanos, sin importar su estatus inmigratorio, puedan solicitar una licencia de conducir.

La propuesta local, presentada por los concejales latinos Ydanis Rodríguez y Carlos Menchaca, busca que tanto la Asamblea como el Senado de Nueva York aprueben un proyecto de ley presentado el mes pasado y que resulta de especial interés para la comunidad hispana en Nueva York.

La resolución fue aprobada con el apoyo de 44 de los 48 concejales neoyorquinos.

«He defendido durante años que los inmigrantes como yo mismo puedan participar como residentes activos y legítimos de la ciudad de Nueva York. Esta resolución del Concejo apoya una política estatal progresista que los permitirá solicitar un permiso de conducir, hará nuestras calles más seguras y reconocerá su contribución a la economía», declaró Rodríguez.

Además de permitir que aquellos en situación irregular conduzcan, el proyecto de ley establece unos requisitos similares a la hora de solicitar seguros de conducción.

De acuerdo con los ediles, apoyar dichas leyes «ofrecerá a todos los neoyorquinos una oportunidad para cumplir las regulaciones de tráfico estatales, promover la seguridad vial y la responsabilidad».

Según datos del Instituto de Política Fiscal que citan los defensores de esta propuesta, la aprobación de esta legislación generaría unos ingresos de 57 millones de dólares en ingresos gubernamentales, así como 26 millones adicionales por la compra de vehículos y los costes de adquirir la licencia.

Al permitir que los indocumentados y sus familiares puedan conducir de manera legal, aseguran los representantes, sus oportunidades laborales y educativas aumentarán, reduciendo la presión que experimentan las familias de inmigrantes que se esfuerzan en contribuir con la economía y las comunidades.

Doce estados, además de Puerto Rico y Washington, han aprobado regulaciones similares.