Coalición de Denver pide «desmantelar» cárcel privada para indocumentados

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Vista de inmigrantes que han cruzado ilegalmente la frontera, detenidos para ser procesados dentro de una estación de la Patrulla Fronteriza. EFE/Rick Loomis /Archivo

Denver (CO) – La Coalición Santuario de Metro Denver inició una «Semana de Acción» con marchas, movilizaciones y «actos simbólicos», para pedir que el Congreso federal que prive de fondos del presupuesto nacional a las cárceles privadas para indocumentados.

Desde hoy y hasta el próximo viernes por la tarde miembros de la coalición marcharán hasta las cercanías del centro de detención de la empresa GEO Group en Aurora (al este de Denver) para exigir el «desmantelamiento» de esa cárcel con capacidad para alojar hasta 1.500 inmigrantes.

La movilización comenzó este domingo con un servicio religioso coordinado por la Alianza Interreligiosa de Colorado en el que los participantes erigieron un altar comunitario en la esquina de la cárcel de la empresa GEO Group y encendieron velas pidiendo la intervención divina a favor de los allí alojados y de sus familiares.

A partir de hoy los activistas se reunirán en grupos pequeños desde la mañana hasta el atardecer en la calle de acceso a la cárcel privada para realizar «actividades comunitarias», que incluyen actuaciones de grupos musicales, distribución de volantes y pegada de afiches y de estandartes.

Además, se distribuirá información a los motoristas que circulen por la zona.

«Y el viernes tendremos una ceremonia que durará todo el día en honor de Kamyar Samimi (fallecido dentro de la cárcel en 2017) y de Evalin Ali-Mandza (quien murió allí en 2012), así como todos los detenidos, sus familias, y todos aquellos que han sido lastimados por la presencia de este centro en nuestra comunidad y que no han encontrado justicia», dijo a Efe en unas declaraciones por escrito Jennifer Piper, coordinadora de la Coalición Santuario en Denver.

«Vamos a ayudar a las familias que lleguen a visitar a los detenidos y les vamos a proveer una manera de poner por escrito sus historias y las quejas de todos los que fueron impactados negativamente por este centro», agregó.

Samimi, de Irán y residente legal en Estados Unidos desde 1976, falleció el 2 de diciembre de 2017 aparentemente por falta de atención médica.

El caso aún no ha sido resuelto y tanto la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) como el Centro de Educación y Cumplimiento de Derechos Civiles (CREEC) demandaron al GEO Group y al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en una corte federal para que emtrfeguen información sobre esa muerte.

El 13 de abril de 2012 Ali-Mandza, de Gabón, falleció luego de seis meses de permanecer alojado en la cárcel de Aurora. El comunicado oficial de ICE no reveló la causa de esa muerte.

Y en ese mismo establecimiento, entre febrero y abril de este año más de 350 reclusos quedaron en cuarentena por un brote de paperas y varicela.

«Vamos a ayudar en solidaridad desde la salida del sol hasta la caída del sol. Vamos a tener una vigilia en solidaridad con los detenidos y sus familias. Y vamos a enviar un mensaje claro al Congreso: no más fondos para el odio», dijo Piper.

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