El fiscal general de California, Xavier Becerra, habla sobre la situación de los inmigrantes durante una rueda de prensa, el miércoles 6 de diciembre de 2017, en Washington DC, (Estados Unidos). EFE/Lenin Nolly/Archivo

Los Ángeles – Una coalición de fiscales generales de 22 estados y el Distrito de Columbia (DC) apoyaron este martes la demanda que pide frenar la medida del Gobierno que limita el acceso al asilo político a los migrantes que lo solicitan al llegar a la frontera sur del país.

Los fiscales encabezados por los procuradores de California, Xavier Becerra, y de Massachusetts, Maura Healey, presentaron este martes un documento legal conocido como «amicus brief» para respaldar la querella interpuesta, junto a otras organizaciones, por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

La demanda intenta poner fin a la medida emitida en julio pasado por el Gobierno y que dice que «un extranjero que entre o intente entrar en EE.UU. a través de la frontera sur después de no haber solicitado protección en un tercer país fuera de sus países de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal no es apto para asilo».

En los últimos meses, el gobierno del presidente Donald Trump ha realizado varias aproximaciones a los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras para buscar que estos puedan ser un terceros países donde los migrantes soliciten refugio primeramente.

«Incontables personas están en riesgo por una regla que está en conflicto con uno de nuestros principios fundamentales: dar la bienvenida a los refugiados sin hogar a nuestras costas. Esta regla es irrazonable e inquietantemente insensible», dijo Becerra hoy en un comunicado.

«Haremos todo lo posible para defender los derechos de quienes buscan refugio de la persecución y la violencia», agregó el procurador de California.

En septiembre pasado, el juez del Tribunal de Distrito en San Francisco, Jon Tigar, emitió un fallo que bloqueaba temporalmente la implementación de la norma en toda la frontera hasta que el caso se resuelva.

En el escrito legal presentado hoy, la coalición sostiene que la regla somete necesariamente a los solicitantes de asilo a peligros y traumas durante todo el proceso.

También, que podría alentar a las personas a intentar viajes arriesgados para ingresar a los Estados Unidos sin ser detectados en un esfuerzo por huir de la persecución.

Los procuradores resaltan que «la norma tendrá un efecto particularmente negativo en los niños no acompañados, los miembros de la comunidad LGBTQ y las mujeres, para quienes solicitar asilo en un tercer país es extremadamente peligroso».

En ese sentido, la fiscal Healey aseguró en un comunicado que «los repetidos intentos de la administración Trump de prohibir a los refugiados solicitar asilo en los Estados Unidos son crueles, inmorales e ilegales».

«Estamos presentando este informe en oposición a este intento ilegal de la Administración de cerrar la puerta de este país a los refugiados», añadió.

Los estados de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington también forman parte del apoyo legal.