Costa Rica aprueba una polémica reforma fiscal en busca de sanear finanzas

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San José – El Congreso de Costa Rica aprobó hoy la reforma tributaria impulsada por el presidente Carlos Alvarado como la tabla de salvación para las finanzas públicas del país, lo que le costó al Gobierno más de tres meses de desgaste político y de confrontación con los sindicatos.

Apenas un par de horas después de la aprobación legislativa en segundo y definitivo debate, Alvarado firmó la ley y aseguró que con ello Costa Rica ha evitado una crisis económica.

“Como Presidente he hecho absolutamente todo lo que está en mis manos por proteger al país de una crisis fiscal como la que vivimos en los años ochenta. Con la aprobación de la reforma el día de hoy, Costa Rica ha evitado una crisis y da un paso que trae estabilidad y confianza”, afirmó Alvarado.

Agradeció a los diputados por aprobar el proyecto y aseguró que a partir de ahora sus prioridades serán leyes e iniciativas para la reactivación económica, la inclusión social y reformas al Estado y a la educación.

Este proyecto ha sido impulsado como una prioridad por Alvarado desde que comenzó su mandato en mayo pasado, pero fue a partir de septiembre, con el avance de la discusión en el Congreso, que el Gobierno ha sufrido un fuerte desgaste político y una extensa confrontación con los sindicatos que se oponen al plan fiscal.

La encuesta de noviembre del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la estatal Universidad de Costa Rica (UCR) indicó que el 83 % califica de manera negativa la situación económica del país, un 70 % considera que el rumbo es malo, mientras las opiniones negativas a la labor de Alvarado suman 52 %.

El mandatario solo recibió un 30 % de opiniones favorables.

El Gobierno logró conformar una alianza con el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional (socialdemócrata) para conseguir la mayoría de votos necesaria para aprobar la reforma tributaria.

El plan fue aprobado en segundo y definitivo debate este lunes con 34 votos a favor y 17 en contra, con 51 diputados presentes de los 57 que integran el Poder Legislativo.

El 10 de septiembre pasado los sindicatos comenzaron una huelga indefinida que poco a poco fue perdiendo fuerza. En la actualidad solo dos sindicatos de maestros se mantienen en el movimiento.

La huelga ha provocado trastornos al curso lectivo que concluirá la próxima semana.

El plan tributario generará ingresos nuevos por 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB), y si se le suman las medidas de recortes y contención del gasto que incluye, el impacto sería cercano al 3,7 por ciento del PIB en el año 2022, según cálculos del Banco Central.

La iniciativa busca paliar el déficit, que se proyecta para 2018 en el 7,1 por ciento del PIB, y frenar el crecimiento de la deuda, que en 2018 cerrará en el 53 por ciento del PIB.

El proyecto convierte el impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa, pero gravará los servicios, y de manera diferenciada algunos productos como los de la canasta básica con el 1 por ciento, los medicamentos con el 2 por ciento y los servicios privados de salud con el 4 por ciento.

El plan también incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir o contener el gasto público, como por ejemplo una regla fiscal y la disminución de pluses salariales.

Según el Gobierno esta iniciativa estabilizará las finanzas públicas y generará confianza en los mercados internacionales para que el país tenga acceso a crédito en mejores condiciones.

“Para nosotros es muy importante a nivel internacional para generar confianza, incluso habíamos visto cambios durante la semana anterior respecto a los bonos de Costa Rica, cómo se recuperaron de forma tan importante en el mercado internacional”, expresó a Efe la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.

La ministra espera que la aprobación del plan fiscal sea tomado de forma muy “positiva” en los mercados internacionales, lo que también se podría ver reflejado en las próximas calificaciones de riesgo de Costa Rica, sobre las cuales el Gobierno había mostrado su preocupación.

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