Tegucigalpa – El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) tiene reportes de que “coyotes” asociados con el crimen organizado realizan “reciclaje” de menores que son utilizados como escudos por desconocidos que se hacen pasar por sus familiares con el objetivo de poder ingresar a ese país.

– El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos tiene identificada una persona centroamericana que retornado 69 menores.

Así lo informó la primera dama hondureña, Ana García de Hernández, durante una comparecencia de prensa en la que dio a conocer los resultados de su visita del jueves a McAllen (Texas), donde se reunió con el secretario interino de DHS, Kevin McAleenan.

La esposa del presidente Juan Orlando Hernández explicó que el “reciclaje” de menores consiste en que adultos ingresan a Estados Unidos con menores de edad haciéndose pasar por sus familiares y posteriormente el niño o niña sale de ese país con otras personas que tampoco tienen parentesco con ellos.

“Esta situación está teniendo consecuencias legales para las personas que se prestan a este delito. Ya las autoridades estadounidenses tienen identificada una sujeta responsable por el retorno a Centroamérica de más de 69 menores que ya fue identificada”, manifestó.

García de Hernández también informó que las autoridades estadounidenses están practicando pruebas de ADN a las personas que detectan con documentación falsa, que aducen que son padres de menores con los cuales en realidad no tienen ningún parentesco.

Del 14 de junio a la fecha las autoridades estadounidenses han identificado 275 unidades de fraude familiar con 500 actas de nacimiento falsas, portadas por adultos que utilizan a menores sin ningún parentesco con ellos, para poder cruzar la frontera, indicó.

En ese sentido, las autoridades estadounidenses practican pruebas de ADN para verificar si en efecto hay un parentesco, y todo aquel migrante que porte documentación falsa o utilice a un menor de edad estará siendo procesado judicialmente y recibirá hasta 10 años de cárcel en los Estados Unidos por tráfico de personas, documentación falsa y mentirle a las autoridades estadounidenses, agregó.

Asimismo, se acordó con el Gobierno estadounidense compartir toda la información necesaria para poder asegurar los niveles de investigación y la canalización de los casos a ser investigados por parte del Ministerio Publico para combatir la trata de personas y, sobre todo, evitar que se siga utilizando a los niños y niñas para facilitar el ingreso a los Estados Unidos, dijo.