Demanda a ICE en California no enviar inmigrantes detenidos lejos de abogados

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Vista de una tienda de campaña con un cartel que reza "Abolir ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)" instalada frente a la sede de la dependencia migratoria en Portland, Oregón (Estados Unidos). EFE/Archivo

Los Ángeles – Una decena de inmigrantes que permanecen detenidos por Inmigración en el sur de California demandó este jueves al Gobierno y al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para que detengan la transferencia de reos a cárceles alejadas de sus familiares y abogados.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó la querella en nombre de los detenidos, que se encuentran en dos cárceles del Condado de Orange y serán reubicados en las próximas semanas en el sistema nacional de detención del ICE.

El inminente traslado de casi 1.000 inmigrantes se da después de que el Departamento del Sheriff del Condado de Orange rescindiera el contrato con autoridades federales para alojamiento de extranjeros en las cárceles James A. Musick y Theo Lacy.

En un comunicado, ICE dijo que probablemente los detenidos serían transferidos fuera del «Estado Dorado».

«La decisión de ICE de transferir a los inmigrantes a miles de millas de sus abogados y familiares viola la Constitución y las propias políticas de ICE», dijo Sameer Ahmed, abogado de ACLU SoCal, en el sur de California.

«Si bien aplaudimos al Condado de Orange por finalizar sus tratos con ICE, pedimos a ICE que libere a estos inmigrantes vulnerables que puedan pasar un día justo en la corte con el apoyo que necesitan desesperadamente», agregó el jurista.

Entre los demandantes se encuentra Ubaldo Arroyo, que llegó desde niño a Estados Unidos y vivía en el Condado de Orange con su madre y sus seis hermanos, cinco de ellos ciudadanos estadounidenses.

La querella asegura que el caso del joven envuelve detalles sensibles de su vida personal, y que él no se siente cómodo discutiendo estos hechos por teléfono o correo.

En una situación parecida estaría la inmigrante africana Atemnkeng Becky Njualem, quién solicitó asilo político en el puerto de entrada de San Ysidro, California, el pasado 3 de febrero.

Njualem permanece detenida peleando su caso y alejarla se sus abogados pone en riesgo una representación legal que es gratuita.

El Centro de Derecho Público en Santa Ana y Public Counsel, en Los Ángeles, organizaciones que brindan servicios legales gratuitos a inmigrantes, también participan en la demanda.

Argumentan que alejar a los inmigrantes de sus representantes legales interfiere el trabajo de los abogados y el desarrollo de sus casos.

«Nuestros clientes tienen el derecho (…) a reunirse con un abogado y prepararse para las audiencias», dijo en un comunicado Talia Inlender, abogada de Public Counsel.

La abogada aseguró que la estrategia de ICE para alejar a los inmigrantes de sus familias pone en juego su salud física y emocional.

La demanda pide a ICE que otorgue fianza a los detenidos para que puedan discutir sus casos en libertad condicional, y que aquellos que no se puedan favorecer sean ubicados en un centro del detención del sur de California.

«La mejor solución sería devolver a la mayoría de estas personas a sus familias y así se encuentran en la mejor posición para asistir a sus audiencias, además de obtener las pruebas necesarias para sus casos y tener un día justo en el tribunal», advirtió Monica Glicken, abogada y directora de la unidad de inmigración en el Centro de Derecho Público.

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