Denuncian las «expulsiones informales» de minorías en escuelas de Denver

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Alumnos asisten a una clase un una escuela en Estados Unidos. EFE/Archivo

Denver (CO) – El grupo Padres y Jóvenes Unidos (PJU) de Denver denunció este jueves la «alarmante tendencia» en las escuelas públicas locales de «expulsiones informales», que obliga a los estudiantes, mayormente latinos y de otras minorías, a dejar los centros escolares.

Jake Cousins, portavoz de PJU, indicó que un análisis que esta organización realizó en la Escuela Secundaria Abraham Lincoln (ALHS), con 1.400 alumnos, de los cuales 91 % es de origen hispano, descubrió que los datos enviados por esa escuela al distrito escolar «presentaban una imagen incompleta» porque no incluían los «intentos no documentados» de expulsar a estudiantes.

«Además de las suspensiones y expulsiones formales, y de llamados a las fuerzas del orden, la administración de las escuelas del distrito (Escuelas Públicas de Denver, DPS) participan en prácticas diseñadas para empujar a los estudiantes fuera de la escuela, sin documentarlo ni reportarlo», dijo Cousins en declaraciones enviadas a Efe.

Según Cousins, PJU logró documentar «esa práctica sistemática», también apodada «expulsiones subterráneas», tanto en ALHS y en «escuelas en todo el distrito» por medio de entrevistas con padres y estudiantes, y de una encuesta de la que participaron unos 400 alumnos.

En abril de 2016, luego de una década de negociaciones sobre sanciones disciplinarias en las escuelas públicas de Denver, PJU y DPS llegaron a un acuerdo para informarles a los alumnos suspendidos o expulsados de sus derechos y para reportar todas las acciones disciplinarias ocurridas en cada escuela de ese distrito.

Susana Cordova, ahora superintendente de DPS, dijo en aquel momento que DPS estaba «profundamente comprometido» con esas metas.

Pero, según Cousins, a pesar de aquellas promesas, la disparidad racial en sanciones disciplinarias en DPS aún continúa.

Y a esa situación se suman ahora, indicó, las «expulsiones informales», que incluyen acciones como «forzar o engañar a las familias para que transfieran sus hijos a otras escuelas, suspender a un estudiante por semanas sin fin, o intimidación».

Por ejemplo, un estudiante puede recibir repetidas reprimendas por parte de los administradores escolares o del policía asignado a esa escuela, o se le puede pedir al estudiante que firme un «contrato indefinido» para poder asistir a clases, o ser enviado frecuentemente de regreso a la casa «por infracciones menores», o «se los acusa de participar en pandillas».

«Le pedimos al distrito que escuche las perspectivas y las experiencias de las familias que le confían a DPS el cuidado de sus hijos y que examine con mayor profundidad las prácticas de expulsiones informales que siguen infringiendo los derechos familiares, criminalizando a los estudiantes de color y negándoles a los estudiantes el derecho a una educación en DPS», dijo Cousins.

Esta noche, representantes de PJU entregarán el reporte a la junta directiva de DPS, que también escuchará testimonios directos de las familias afectadas por las «expulsiones».

Según datos oficiales, DPS cuenta con 92.000 estudiantes, de los cuales el 55 % es hispano, el 25 % blanco y el 13 % afroamericano.

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