Denver no renovará contrato con empresas de centros de detención de migrantes

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Denver (EE.UU).- La ciudad estadounidense de Denver (Colorado) no renovará contratos por unos 10 millones de dólares con dos empresas que operan centros de detención para migrantes y para rehabilitación de exconvictos, tras la reprobación del Concejo al considerarlas que carecen de «transparencia y responsabilidad».

Una mayoría del legislativo local votó la noche del lunes a favor de la cancelación de los contratos impulsada por la nueva concejala Candi CdeBaca, que representa a los populosos barrios latinos en el norte de la ciudad.

De esta forma se busca anular los contratos que Denver mantenía con GEO Group y con CoreCivic, a cargo hasta ahora de seis instalaciones penitenciarias en la capital de Colorado, que ya habían expirado y que solían prácticamente renovarse automáticamente.

GEO Group también opera un centro de detención de indocumentados en Aurora, al este de Denver, donde se alojan unos 1.300 inmigrantes y con un contrato anual de casi 4 millones de dólares con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

«Hemos visto que estas grandes entidades se tragan a los proveedores pequeños y usan los fondos públicos con poca o ninguna transparencia y responsabilidad», dijo CdeBaca al presentar su propuesta, que recibió el respaldo de 8 de los 13 concejales.

Su colega Robin Kniech consideró la votación como «una lucha simbólica» debido a que los contratos ya habían terminado.

Entre tanto, la oficina del alcalde de denver, Michael Hancock, decidió no renovarlos, a pesar de la advertencia de que unas 500 personas ahora en libertad condicional, o a punto de estarlo, carecerán de un lugar en el que puedan continuar con su proceso de reinserción en la sociedad.

La principal oposición a la propuesta de CdeBaca provino de la veterana concejala Debbit Ortega, quien pidió «un enfoque más cuidadoso» y el establecimiento de un «comité de reformas» antes de cancelar los contratos relacionados con «un tema absolutamente importante de política pública».

Como respuesta, CdeBaca subrayó que empresas locales operan otros cuatro centros de rehabilitación de exconvictos en Denver y que la ciudad tiene varias opciones para no dejar sin servicios a las personas que los necesitan. La cancelación de los contratos permitirá «mejores resultados a largo plazo», matizó.

Aunque el Departamento Penitenciario de Denver aún no anunció qué sucederá con los presos y exconvictos hasta ahora alojados en las cárceles privadas, CdBaca sugirió que Denver podría apropiarse de esas instalaciones y operarlas por cuenta propia, o podría renegociar los contratos ahora cancelados, pero con nuevas condiciones y basado en «un nuevo modelo».

Como mínimo, esos cambios requerirán seis meses para modificar las leyes de uso de terrenos en distintos lugares de la ciudad, para que se pueden habilitar o construir allí nuevos establecimientos para presos o exreclusos.

En un breve comunicado firmado por Rich Coolidge de EIS Solutions, GEO Group lamentó la cancelación de los contratos y advirtió que «la politización de estos servicios está socavando el importante trabajo que proveemos a una población vulnerable».

Por separado y en declaraciones preparadas, Brandon Bissell, portavoz de CoreCivic, indicó que esa empresa «se siente orgullosa de una larga trayectoria comprobada de proveer significativos programas de reinserción social». 

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