EEUU califica de «disfuncional» bloqueo de medidas contra el asilo

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Familias migrantes esperan poder ingresar a Estados Unidos luego de su arribo a Tijuana, estado de Baja California (México). EFE/Joesbeth Terriquez/Archivo

Washington – El Gobierno del presidente Donald Trump se quejó hoy de «la tiranía de un sistema disfuncional» que permitió este miércoles el bloqueo judicial de las medidas que había adoptado para restringir el asilo y prometió recurrirlo.

El Gobierno se refería al fallo de un juez federal de California que este miércoles dejó en suspenso las restricciones al asilo decretadas la semana pasada por la Casa Blanca, destinadas a impedir que los migrantes pidan asilo en el país si han pasado antes por otros países donde han podido hacer estas solicitudes.

Como la mayoría de solicitantes de asilo proceden de El Salvador, Honduras y Guatemala, y en su camino hacia Estados Unidos pasan por México, la medida ponía virtualmente fin a la posibilidad de que solicitasen asilo en el país.

El miércoles, el juez federal de San Francisco Jon S. Tigar sobreseyó un fallo judicial emitido horas antes por un tribunal del Distrito de Columbia que mantenía en pie la medida de Trump, en lo que constituyó una efímera victoria para el mandatario.

«Ayer en la tarde, un solo juez de distrito, sobre la base de una querella iniciada por unos pocos grupos activistas sin validez legal, emitió una suspensión nacional contra una regla legal y necesaria para desalentar el abuso de nuestro sistema de asilo», indicó la Casa Blanca en su declaración.

«La tiranía de un sistema disfuncional que permite que los demandantes busquen un foro para encontrar un solo juez que pretende dictar la política inmigratoria de toda la nación (…) debe terminar», añadió la declación.

«Tenemos la intención de usar todas las opciones disponibles para invalidar este fallo sin merito y para defender las fronteras de esta nación», concluyó el comunicado.

En el fallo anterior, el juez Timothy J. Kelly, del tribunal del Distrito de Columbia, había afirmado que «los demandantes -Raíces y Capital Area Immigrants’ Rights (CAIR)- no demostraron la probabilidad de un daño irreparable por la norma requerida».

En respuesta a otra demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Tigar dijo posteriormente que «la nueva medida es probablemente inválida porque es inconsistente con las actuales leyes de asilo», al calificar la decisión del Gobierno de Trump de «arbitraria y caprichosa».

Durante la audiencia previa al fallo, Tigar dijo que el Gobierno no ha presentado pruebas de que los sistemas de asilo de México y Guatemala puedan hacerse cargo de decenas de miles de nuevos solicitantes centroamericanos.

También dijo que no había presentado ni «una chispa de evidencia sobre la idoneidad del sistema de asilo en Guatemala», que es otro país considerado por el Gobierno como «seguro» para que quienes buscan asilo lo soliciten allí.

Según las Casa Blanca, el Congreso autoriza al Gobierno a «establecer limitaciones a la elegibilidad para el asilo, y esta regla utilizó adecuadamente esa autoridad para alentar a los migrantes a buscar asilo en otros países por los que han viajado antes de llegar a los Estados Unidos».

Desde su llegada a la Casa Blanca, en enero de 2017, Trump ha hecho del asilo uno de sus objetivos políticos ya que considera que hay un abuso del sistema del cual los inmigrantes se aprovechan para ingresar y trabajar en Estados Unidos.

En los últimos meses la frontera sur ha vivido un incremento en las llegadas de solicitantes de asilo centroamericanos en unidades familiares.

Mayo fue el mes de mayor flujo desde 2006, con la detención de más de 132.000 personas que cruzaron la frontera sin permiso.

Trump ha probado varias medidas para desincentivar esa migración, como separar a padres de sus hijos menores de edad tras cruzar la frontera o devolver a México a solicitantes de asilo a la espera de que se resuelvan sus casos.

El pasado de 7 de junio, el Gobierno llegó a un acuerdo con México que conjuró la amenaza de Washington de imponer aranceles a los productos de su vecino, y que se ha traducido en el despliegue de miles efectivos de la nueva Guardia Nacional en las fronteras sur y norte de ese país para controlar el flujo migratorio.

Al amparo de ese acuerdo, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó acoger en su territorio a aquellos migrantes que esperan resolver su solicitud de asilo en EE.UU.

En paralelo a estas medidas, el Gobierno busca ahora que Guatemala acceda a firmar un acuerdo de «tercer país seguro», que permitiría a Washington transferir a ese país a solicitantes de asilo que lleguen a su frontera, así como sus casos.

A diferencia del acuerdo con México, a donde EE.UU. manda a los solicitantes a la espera de que se resuelvan sus procesos migratorios en tribunales estadounidenses, el acuerdo con Guatemala transferiría también los casos al país centroamericano.

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