Miami – A pesar de las afirmaciones del Gobierno de EEUU de dar prioridad a la deportación de «criminales», los datos de los tribunales de inmigración apuntan a que solo el 2.8 % de las recientes peticiones de expulsión del país se basan en presuntas actividades delictivas, señala este viernes un reporte.

El estudio, difundido por el centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Siracusa (Nueva York), indica que los datos hasta junio pasado muestran unas cifras «muy por debajo del énfasis en deportar criminales que prevaleció hace una década».

A pesar del creciente número de arrestos por parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU., cada vez menos inmigrantes con orden de deportación en la creciente carga de trabajo de las cortes de inmigración se debe a alguna actividad criminal.

Sin embargo, el Gobierno insiste en que su prioridad es deportar a los inmigrantes irregulares que hayan cometido delitos, mientras que Trump ha vinculado en numerosas ocasiones la inmigración ilegal con el auge de la criminalidad en el país.

En total, asegura TRAC, que utiliza datos oficiales, solo 7.458 órdenes de deportación se basaron en antecedentes criminales durante los primeros nueve meses del año fiscal 2019, que comenzó en octubre de 2018, por lo que difícilmente alcanzarán los 10.000 al final del presente ejercicio.

En contraste, hace una década o más los inmigrantes con antecedentes penales o supuestas actividades delictivas involucraron entre 30.000 y 40.000 solicitudes judiciales cada año, de tres a cuatro veces más, dijo TRAC en un comunicado.

Así, el 2,8 % de los primeros nueve meses del actual ejercicio fiscal es significativamente menor que el porcentaje del 8,4 % de 2014, el 16 % de 2009 o el 25,2 % del año 1999.

La situación se acentúa en diez tribunales de inmigración del país, en los que menos del 0,5 % de las solicitudes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de este año involucraron una presunta actividad criminal como base para la deportación.

El peor de todos ellos es la corte de Houston (Texas), donde solo 5 casos de 15.063 se debieron a antecedentes penales del indocumentado.

Le siguieron los tribunales de Newark (Nueva Jersey), Louisville (Kentucky), Nueva Orleans (Luisiana) y San Diego (California), con un porcentaje del 0,1 % de las expulsiones solicitadas que se basaron en una presunta actividad criminal.