El costo económico de ser detenido por «la Migra» asciende a 24 mil dólares

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Un agente de la patrulla fronteriza estadounidense habla a un grupo de jóvenes migrantes centroamericanos tras ser detenidos en los margenes del Rio Bravo, en la fronteriza Ciudad Juárez (México). EFE/Rey R. Jauregui/Archivo

Tucson – La detención de una persona por razones migratorias le cuesta a su familia una cifra promedio superior a los 24.000 dólares, incluyendo sueldos no devengados, la pérdida de bienes materiales y la contratación de un abogado.

Esto de acuerdo a un nuevo estudio dado a conocer este miércoles por investigadores del Instituto Binacional de Migración de la Universidad de Arizona y titulado «La red de captura de inmigrantes y el saqueo de recursos económicos de familias, hogares y comunidades en Estados Unidos».

El informe señala que en este tipo de casos los costos económicos se empiezan a acumular rápidamente para las familias afectadas.

Y hay costos directos, como los recursos económicos que se utilizan para pagar por ejemplo una fianza y los servicios de un abogado de inmigración, e indirectos, que serían la pérdida del salario que recibía el migrante y cualquier oportunidad de ganar dinero mientras dura su detención.

Geoffrey Boyce, investigador del programa de estudios de la frontera del Instituto Binacional de Migración, y uno de los autores de la investigación, explicó en conferencia de prensa que, en promedio, los costos directos por familia son de unos 9.228 dólares y los indirectos ascienden a 14.956.

Estas cifras están basadas en entrevistas hechas entre enero del 2017 y junio del 2018 dentro del condado de Pima, en el sur de Arizona.

Se recopilaron datos de 125 familias en las que al menos uno de sus miembros había sufrido un arresto por razones migratorias y que había vivido un año o más dentro de los Estados Unidos.

En el momento de ser entrevistadas, los integrantes de estas familias residían en el país desde hacía 16 años, lo que muestra, según los autores del reporte, que estaban muy integradas en su comunidad.

El estudio resalta que el 80 % de las familias estaban integradas tanto por inmigrantes sin estatus migratorio como por ciudadanos estadounidenses y residentes legales en el país.

Las 125 familias entrevistadas cuentan en total con 529 miembros, de estos 323 son ciudadanos de este país, apunta.

El ingreso promedio anual familiar de los participantes fue de 22.500 dólares, lo que, de acuerdo al estudio, demuestra que un arresto por razones migratorias supone perder lo que estas unidades reciben a lo largo de doce meses de trabajo.

Boyce resaltó que estos costos no cambian sea cual sea el resultado final del caso migratorio del detenido, ya que sea este deportado o liberado.

A estas complicaciones hay que sumar que el 47 % de las familias entrevistadas aseguró haber vivido más de un arresto migratorio en los últimos años.

Y que los costos del arresto son asumidos únicamente por la familia, por lo que para afrontarlos se ven obligados a liquidar parte de su patrimonio, ya sea monetario o material.

Estas situaciones les obligan a menudo a pedir préstamos a instituciones financieras o a parientes, vecinos o amigos, así como a recibir dinero enviado por familiares desde sus países de origen, algo que se le conoce como «remesas inversas».

En los casos más dramáticos, el 9,5 % de los encuestados reportó haber perdido su hogar o haber recibido una orden de desalojo.

Estas situaciones también tienen un alto costo para los menores de edad, pues el 34 % de las familias indicó que se redujo el desempeño educativo y su capacidad de obtener un título de los estudiantes.

Una detención de este tipo provoca además que empeoren las enfermedades crónicas que sufren determinados miembros de la familia o se vean incapaces de acceder al tratamiento médico necesario.

Otros impactos a la familia incluyen la separación familiar a largo plazo, el divorcio y la perdido de custodia de un hijo o hija.

Por todo ello, el reporte concluye que las políticas migratorias de los Estados Unidos tienen un serio efecto tanto para migrantes como para ciudadanos y propone destinar recursos para promover el bienestar económico de la personas que enfrentan un arresto migratorio, sean ciudadanos o no.

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