El Gobierno ecuatoriano restringirá la política de puertas abiertas a la migración

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En la imagen, el ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia (d), junto a la ministra del interior, Maria Paula Romo (i). EFE/José Jácome/Archivo

Quito – El Gobierno ecuatoriano entregó este martes a la Asamblea Nacional un conjunto de enmiendas a su Ley de Movilidad Humana que restringirá la política de puertas abiertas que aplicaba hasta ahora y que afectarán, entre otros, a los ciudadanos de países de la Unasur.

Así lo explicó la ministra del Interior, María Paula Romo, tras hacer entrega del documento al presidente de la Asamblea, César Litardo, acompañada por el ministro de Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia.

«En esta reforma de la Ley de movilidad humana se actualizan algunos de los contenidos», explicó la ministra al precisar que parte de ellos tienen que ver con el trato que recibirán a partir de ahora los ciudadanos de países de la Unasur, organización en fase de desintegración.

«Como Uds saben el Ecuador ya no hace parte de Unasur», precisó Romo al explicar que por ello «se revisa el capítulo que tiene relación con el tratamiento a los ciudadanos» de esa organización.

La revisión consistirá básicamente en «eliminar» de la ley cualquier referencia o privilegio a la Unasur, aunque Ecuador respetará los acuerdos bilaterales de exención de visa que tiene con países de la región o como parte de otras organizaciones, aseguró el ministro de Exteriores.

En marzo, tras una larga agonía de todo el bloque regional que tiene su sede en Quito y del que ya se habían retirado otros países, Ecuador anunció que abandonaba la organización.

En estos momentos, de sus doce miembros originales, sólo quedan en la Unasur Venezuela, Bolivia, Uruguay, Guayana y Surinam.

Otros aspectos que se «mejoran» en la Ley, según Romo, son «los procedimientos para deportar a ciudadanos extranjeros que cometan delitos en Ecuador».

«Creo que este es el mensaje que tiene que ser más claro: hay una manera de tratar a las personas que vienen al Ecuador y cumplen con la ley (..), pero hay un tratamiento completamente distinto a las personas que la infringen», destacó.

Confiada de que la Asamblea y la comisión especializada den a las enmiendas «el tratamiento de urgencia que corresponde», explicó que los procedimientos para sancionar y para deportar a extranjeros que violan la ley son «engorrosos, larguísimos y casi imposibles de cumplir».

Y valoró que la política de puertas abiertas, que proviene de la visión hace más de diez años del anterior Gobierno de Rafael Correa de no exigir visa a ningún país, no consiguió sus objetivos.

La ministra evocó en ese sentido el Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora este martes, para asegurar que esa política ha contribuido a que Ecuador sirva de plataforma de paso para este delito.

«La flexibilidad, el no pedir visas a nadie es una forma de ser más respetuosos, pero en la práctica ha demostrado lo contrario. Esta flexibilidad hizo de Ecuador un país atractivo para la trata de personas», insistió al mencionar el ingreso de 2.044 cameruneses que no han abandonado el país.

Por lo que Ecuador se planteará también a partir de ahora la exigencia de visa con algunos países que serán definidos en base a la reciprocidad y riesgos contemplados del intercambio de información entre los Ministerios de Interior y Exteriores.

La intención de presentar estas enmiendas fueron anunciadas la semana pasada por el propio presidente Lenín Moreno, quien en un discurso en Guayaquil, adelantó la entrada en vigor de dos visas para la migración venezolana, y de cambios a la Ley de Movilidad.

Hasta ahora Ecuador es uno de los países con mayor accesibilidad del mundo, con la capacidad por parte de casi cualquier emigrante de llegar al país y solicitar acceso al procedimiento de residencia y nacionalización.

Sin embargo, el ingreso de más de un millón de venezolanos en los últimos dos años, de los que cerca de medio millón se han radicado en el país, ha puesto en dificultades a las autoridades ecuatorianas, tanto social como económicamente.

«Las reformas a la Ley de la movilidad humana reflejan la preocupación del Estado Ecuatoriano por la actualización de este cuerpo legal que es vital y capital para la aplicación de las disposiciones del Estado, que busca que la movilidad humana sea ordenada, regular y segura», indicó Valencia en la entrega del documento.

Mucho más cauto en sus palabras que Moreno, que la semana pasada dijo que buscaba primero el bienestar de los ecuatorianos, el canciller planteó que el «pensamiento» volcado en las enmiendas contempla «el bienestar de la colectividad ecuatoriana, que incluye por supuesto a las personas en movilidad humana».

Litardo manifestó en ese sentido que la Asamblea Nacional debe velar también «por la seguridad ciudadana», por el que «los ecuatorianos tengan una posibilidad de tener un país seguro», ello sin dejar de recordar que Ecuador es «un país con una tradición migrante».

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