El Gobierno peruano enviará argumentos contra el asilo pedido por García a Uruguay

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El expresidente de Perú, Alan García. EFE/Archivo

Lima – El Gobierno peruano enviará una carta, a más tardar mañana, a su similar de Uruguay con sus argumentos en contra del pedido de asilo solicitado por el exmandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011), informó hoy el presidente de Perú, Martín Vizcarra.

En declaraciones a la prensa, Vizcarra contó que ayer sostuvo una breve conversación con su homólogo uruguayo, Tabaré Vásquez, sobre “la importancia del tema, y que respetando la decisión de Uruguay, que pondere la opinión de Perú que haremos de llegar a más tardar mañana”, por los conductos oficiales.

Asimismo, el gobernante peruano le hizo referencia a la Cumbre de las Américas, realizada en abril último en Lima con todos los gobernantes del continente, en la cual “tratamos el tema de la gobernabilidad y la corrupción, y suscribimos el acuerdo de Lima, donde nos comprometidos a luchar contra la corrupción, que no reconoce fronteras”.

En ese sentido, reiteró que “los argumentos de la posición peruana serán expuestos en un documento” ante las autoridades de Uruguay.

La Cancillería peruana reveló ayer que García había ingresado un día antes a la embajada de Uruguay en Lima para solicitar el asilo diplomático, argumentando ser un perseguido político, y horas después de haber recibido el impedimento de salida del país debido a una investigación de la fiscalía por presunta corrupción.

Vizcarra escribió ayer, en su cuenta de Twitter, que “no existe persecución política en el Perú”.

“Todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones”, dijo.

Asimismo, señaló que reafirma el compromiso de su Gobierno con “el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales”.

Alan García había llegado a Perú el pasado jueves procedente de España, donde reside, para declarar ante la Fiscalía en el marco de la investigación abierta por los actos de corrupción vinculados a la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima por parte de la empresa brasileña Odebrecht, que se produjo bajo su segundo mandato (2006-2011).

A su llegada a Perú, sin embargo, la Fiscalía solicitó un impedimento de salida del país contra el exmandatario, al tiempo que amplió las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos, acciones que García calificó como “una persecución política”.

El exgobernante informó entonces que se allanaba a la decisión que tomara la Justicia de su país, la cual confirmó el sábado que el expresidente no podría salir de Perú en 18 meses.

Durante todo este proceso García denunció la intervención del Gobierno en su contra.

“Todo esto responde a una escalada en la cual se busca crear autos de fe, hogueras, para distraer al Perú de lo fundamental que es su situación de empleo, de anemia, precios y falta de crecimiento nacional”, aseveró el expresidente.

El fiscal José Domingo Pérez solicitó el impedimento de salida después de conocer nuevos indicios de que García habría recibido supuestamente 100.000 dólares de la constructora brasileña Odebrecht por medio de la empresa del abogado José Américo Spinola.

El objetivo de la petición de la fiscalía de impedir que García saliera de Perú era evitar que eluda el proceso, como ya hizo en 1992, cuando se exilió en Colombia y luego vivió en Francia, hasta que en 2001 prescribió la acusación por presunto enriquecimiento ilícito durante su primer mandato (1985-1990).

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