La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá poco antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, hoy en el Palacio de La Moncloa.EFE

Madrid – El Consejo de Ministros ha acordado hoy pedir al Consejo de Estado que emita con urgencia el preceptivo dictamen para impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la reprobación de Felipe VI incluida en una resolución del Parlamento de Cataluña, que el Gobierno considera «políticamente inaceptable».

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha subrayado que el Ejecutivo «rechaza absolutamente» que la figura del rey sea «cuestionada en debates políticos» y ha advertido de que la reprobación del jefe del Estado «queda fuera de las funciones atribuidas a un Parlamento autonómico».

La resolución del Parlament, presentada por Catalunya en Comú Podem y aprobada con el apoyo de Junts per Catalunya y ERC, condena la toma de posición del rey en el «conflicto catalán», así como lo que considera «justificación de la violencia» policial el 1-O, y aboga por la abolición de la institución monárquica, que el Parlament califica de «caduca y antidemocrática».

Tras precisar que no podía identificar qué puntos de la resolución del Parlament serán recurridos ante el TC porque no ha estudiado en detalle el informe remitido por el Gobierno al Consejo de Estado, Celaá ha insistido en diferenciar entre la «crítica legítima» a una persona y la falta de competencias de un Parlamento autonómico para posicionarse sobre la figura del jefe del Estado,

El rey «está fuera del debate partidario y político» y, además, un Parlamento autonómico «no es competente para diseñar la forma de Estado de un país», ha argumentado la ministra.

Ante preguntas sobre la posibilidad de que el dictamen solicitado sea contrario a recurrir la resolución ante el TC, ha insistido en que es «preceptivo, que no vinculante», y ha querido dejar claro que, si el Consejo de Estado desaconseja el recurso, será esta institución la responsable de su decisión, no el Gobierno.

«Confiamos en que el Consejo de Estado emita el dictamen preceptivo» y, «en función del contenido, veremos si es vinculante o no es vinculante», ha añadido Celaá.