El Gobierno Trump se niega a compartir información sobre asilos políticos

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Un grupo de migrantes venezolanos, guatemaltecos, hondureños y mexicanos esperan para iniciar la solicitud de visa humanitaria. EFE/Archivo

Los Ángeles – La negativa del Gobierno Trump de compartir información vital sobre las solicitudes de asilo político enciende una nueva alarma entre los defensores de inmigrantes que advierten que este bloqueo afecta la transparencia del proceso y su trabajo.

La preocupación se da tras la determinación del Departamento de Justicia (DOJ) de limitar los datos que comparte usualmente con el centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, por su sigla en inglés) de la Universidad de Syracusa, en Nueva York, uno de los sitios más importantes de recolección de información de acceso público.

“Están reteniendo información de hechos que están en el centro del debate, y al que todos deberíamos tener acceso. Estos datos son absolutamente fundamentales para lo que estamos haciendo”, dijo en una entrevista con Efe Susan Logan, co-directora de TRAC.

Según Logan, el DOJ entregaba con regularidad la información solicitada a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA). No obstante para los registros de marzo, decidieron retener información específica sobre los solicitantes de asilo político argumentando que al compartir esa información estarían exponiendo la privacidad de los peticionarios, y esto les preocupaba.

Sin embargo, Logan asegura que la información que se comparte es anónima.

“No hay manera de identificar a nadie. Esto es solo datos de tipo estadístico, por lo que no puede identificar a una persona a través de los registros”, recalca.

Las autoridades federales aseguraron que están realizando una nueva revisión a la información que incluye la de los 92.607 inmigrantes arrestados a lo largo de la frontera en el mes de marzo, según datos revelados por la Patrulla Fronteriza (CBP).

Laura A. Lynch, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), califica de “alarmante” la decisión del Gobierno en un “un momento en el que ya existe una gran falta de confianza pública en la capacidad del sistema de tribunales de inmigración para emitir decisiones de inmigración justas”.

La necesidad de establecer transparencia sobre los procesos y tener acceso aumenta justo ahora que el presidente Donald Trump busca que en un plazo de 90 días se establezcan nuevas medidas en el proceso de asilo político, como cobrar por la solicitud y acelerar los casos.

Entre los datos retenidos por el DOJ están las cifras que indican si la persona ha solicitado o no asilo en un tribunal de inmigración o si ha pedido alguna otra forma de alivio migratorio para evitar la deportación.

El Gobierno de Trump también se negó a entregar los datos históricos de los casos que se cerraron y los que se presentaron recientemente ni compartió información de los traslados de casos de una jurisdicción a otra.

Long enfatiza que estas cifras son muy importantes para las organizaciones que quieren apoyar a los inmigrantes en su defensa, e incluso para las autoridades locales que reciben a estos extranjeros en sus ciudades.

Esta no sería la primera vez que el Gobierno federal, o autoridades estatales y locales, obstaculizan el acceso a información que es catalogada como pública.

Actualmente, TRAC tiene cinco demandas que involucran solicitudes a través de FOIA, de las cuales dos tienen que ver con inmigración.

Long advierte que los mayores obstáculos en los temas de inmigración se habían presentado en la aplicación del convenio federal 287 (g), que establece un acuerdo de colaboración entre las agencias del orden y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

TRAC posee el sistema de información más completo sobre casos de inmigración, y que es consultado por legisladores, abogados, activistas, investigadores y medios de comunicación.

Holly Cooper, codirectora de la Clínica de UC Davis, que hace parte del equipo de abogados que defiende a menores inmigrantes, asegura que la información que recopila TRAC es una “herramienta vital” que provee transparencia sobre el trabajo del Gobierno federal y cómo interactúa a con entidades estatales y locales.

“El trabajo de TRAC permite detectar los problemas y los puntos donde se está fallando en los procesos de inmigración. En este momento es cuando más se necesita estos análisis”, añadió.

Long remarca que si el Gobierno continúa con su negativa de no compartir la información sobre los solicitantes de asilo, el centro iniciará una acción legal para que se entreguen los datos.

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