Tegucigalpa – La inversión en educación de calidad y el acceso a empleo para jóvenes son claves para aprovechar el bono demográfico en Honduras y afrontar la migración hacia EE.UU., país que ha endurecido su política al respecto, dijo a Efe Cecilia Maurente, representante en Tegucigalpa del Fondo de Población de la ONU (UNFPA).

A su juicio, invertir en la juventud y diseñar políticas públicas es fundamental para que el país saque partido al hecho de que, según cifras oficiales, más del 60 % de los habitantes tiene menos de 35 años.

«El país tiene la oportunidad de contar con este bono demográfico», pero para aprovechar este potencial, Honduras debe «invertir en la juventud», subrayó.

Además, debe garantizar los derechos de los jóvenes, brindando acceso a educación y a unos servicios de salud de calidad, en los que se incluya la educación sexual integral y el acceso universal a anticonceptivos y planificación familiar, argumentó la representante de UNFPA.

Añadió que también es necesario crear planes de empleo y promover programas de prevención de embarazo en adolescentes en los municipios más pobres y vulnerables.

La representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Honduras, Cecilia Maurente. EFE/Gustavo Amador/Archivo

El embarazo prematuro es un fenómeno «multicausal» y es el «rostro más impactante» de la pobreza que afecta a los hondureños, señaló.

El 11 % de las mujeres en Honduras tiene necesidades insatisfechas de planificación familiar y de métodos anticonceptivos modernos, cifra que se eleva al 18 % entre las jóvenes de entre 15 y 19 años, según cifras del UNFPA.

Las razones de esta situación son, según Maurente, la falta de acceso universal a educación sexual y reproductiva; limitados servicios de salud con atención especializada y la pobreza.

En Honduras, donde el 51 % de su población son mujeres, uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años, según cifras oficiales.

La poca capacidad para atender a la población joven que se incorpora al mercado laboral lleva a que miles de ellos acaben migrando, en su mayoría a Estados Unidos, donde viven alrededor de un millón de hondureños, entre residentes legales e indocumentados, añadió.

Maurente dijo que, cuando se mira hacia las causas de la migración, la falta de empleo ocupa la primera posición.

«El tema del empleo es crítico y las personas jóvenes se van (del país) por eso», aseguró, y exhortó a las autoridades a promover un «empleo digno que respete los derechos humanos» de sus ciudadanos.

Maurente enfatizó que Honduras, al igual que El Salvador y Guatemala, que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, sufre además una «violencia crónica» generada por pandillas y el crimen organizado que obliga a muchos de sus ciudadanos a migrar.

El 58,6 % de los hondureños que se desplazaron de manera forzada en 2018 habían sido amenazados de muerte por pandillas, según un estudio presentado este martes por el Sistema Regional de Monitoreo y Análisis del Desplazamiento Forzado Generado por la Violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica.

Con relación a las caravanas con miles de centroamericanos, la mayoría hondureños, que han salido entre 2018 y este año, explicó que el número de personas que intentan llegar a EE.UU. no ha aumentado, solo ha cambiado su «modalidad de migrar».

«Antes las personas utilizaban los mal servicios de coyotes (traficantes de personas), pero ahora han encontrado una forma de organización a través de las redes sociales y salen en caravanas», explicó.

Señaló que, con el endurecimiento de la política migratoria por parte de la Administración del presidente Donald Trump, se espera que «aumente» el número de deportados o se genere una crisis humanitaria similar a la de 2014, cuando a EE.UU. llegó una ola de migrantes indocumentados, en especial niños no acompañados.

El Gobierno hondureño ha anunciado una serie de medidas para atender a sus ciudadanos que sean retornados, pero a Maurente le preocupa que la deportación sea masiva y sobrepase la capacidad del país.

Para atender las causas estructurales de la migración, el Triángulo Norte y México impulsan el Plan de Desarrollo Integral, mientras que EE.UU. reforzó su postura contra la inmigración procedente de Centroamérica al anunciar nuevas restricciones a la concesión de asilo.