Gobierno avisa de «corrupción» y violencia contra minorías en Centroamérica

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Simpatizantes del partido político Libertad y Refundación (LIBRE) se enfrentan a la policía este domingo, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Archivo

Washington – El Gobierno advirtió hoy de la «extendida corrupción» gubernamental y judicial en la mayoría de los países centroamericanos, así como las dificultades que tienen las autoridades civiles a la hora de «controlar» a las fuerzas de seguridad, lo que resulta en situaciones de impunidad.

La situación en los países centroamericanos en 2018 fue, según el Departamento de Estado, la siguiente:

HONDURAS

Las principales violaciones de derechos humanos incluyen arrestos y ejecuciones arbitrarias; denuncias de torturas y de condiciones penitenciarias que suponen un riesgo para la vida; y amenazas a trabajadores en medios de comunicación.

Además los afrodescendientes, indígenas y miembros de la comunidad LGTB son víctimas de violencia.

El Departamento de Estado señaló «la extendida corrupción gubernamental», aunque reconoció los esfuerzos del Gobierno para «juzgar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos», que en muchos casos fracasaron por el mal funcionamiento del sistema judicial.

También apuntó a la incapacidad de las autoridades para mantener, a veces, «un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad».

La criminalidad organizada es otro de los problemas, que sufren los defensores de derechos, periodistas y mujeres, entre otros colectivos vulnerables.

NICARAGUA

El país denunció el carácter autoritario del Gobierno de Nicaragua y acusó al presidente, Daniel Ortega, de «ejercer un control total» sobre todas las ramas del Estado y de actuar con mano dura contra quienes protestan «pacíficamente».

«En Nicaragua, cuando los ciudadanos protestaron pacíficamente por sus beneficios de la seguridad social, se toparon con disparos de francotiradores. Los críticos del Gobierno se han enfrentado a una política de exilio, cárcel o muerte», denunció el secretario de Estado, Mike Pompeo, en la presentación del informe.

GUATEMALA

Los problemas de derechos humanos se deben al tráfico de personas, el trabajo «forzoso u obligatorio» de menores y las duras condiciones en las prisiones.

Guatemala, donde las autoridades civiles, en ocasiones, no fueron capaces de «mantener un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad» también experimentó una «extendida» corrupción, criminalidad e impunidad.

Las principales víctimas de violencia y amenazas incluyen a las personas LGTB, discapacitados y miembros de otras minorías.

Asimismo, el Departamento de Estado subrayó que el presidente, Jimmy Morales, ha anunciado que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo creado entre el Gobierno y Naciones Unidas que expira en septiembre de 2019.

EL SALVADOR

La impunidad persistió en El Salvador pese a los pasos dados por el Gobierno para «despedir y procesar a los miembros de las fuerzas de seguridad, de la Administración y del sistema judicial que cometieron abusos».

En este país se produjeron asesinatos ilegales de supuestos criminales, desapariciones forzosas y torturas por parte de los cuerpos de seguridad.

Como en otros lugares de la región, el Departamento de Estado señaló que las autoridades civiles a veces fueron incapaces de «mantener un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad» y destacó la falta de respecto del Gobierno por la independencia judicial.

La violencia contra las mujeres y el colectivo LGTB fue muy pocas veces señalada por las autoridades.

COSTA RICA

De acuerdo con el país, en Costa Rica «no hay informes de graves abusos de derechos humanos» y el Gobierno investigó y procesó a los oficiales que cometieron abusos.

No obstante, denunció las malas condiciones penitenciarias por el «exceso de ocupación y las inadecuadas condiciones sanitarias».

PANAMÁ

Los mayores problemas de derechos humanos fueron las restricciones «indebidas» a la libertad de expresión, prensa e internet, incluyendo censura o bloqueos de páginas web.

El informe constató que la Administración del presidente, Juan Carlos Varela, «siguió investigando las acusaciones de corrupción contra funcionarios».

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