Budapest.- El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se enfrenta a una complicada decisión: respetar las leyes que él ha impulsado y que hacen casi imposible solicitar asilo, o aceptar la petición de protección presentada por su amigo Nikola Gruevski, ex primer ministro de Macedonia y prófugo de la Justicia.

Gruevski, condenado a dos años de prisión por tráfico de influencias, huyó a principios de esta semana a Hungría para evitar entrar en la cárcel y ha pedido asilo político en ese país, asegurando que ha recibido amenazas de muerte en Macedonia.

En su huida, el político conservador, al que se le había retirado el pasaporte en 2017, cruzó ilegalmente varias fronteras.

Desde Albania a Montenegro pasó en un coche oficial húngaro acompañado por personal de embajada de Hungría, según ha informado la Policía albanesa.

El Gobierno húngaro ni ha desmentido ni confirmado esa información oficial, limitándose a señalar que «no ha ayudado a Gruevski a salir de Macedonia».

Además, ha indicado que se trata de un caso especial y que se ha limitado, por motivos de seguridad, a facilitar que el político pidiera asilo en Budapest, implicando que, de alguna manera, lo ayudó a llegar a la capital húngara.

En plena crisis de los refugiados de 2015, Hungría cerró sus fronteras y aplica leyes de asilo muy restrictivas.

Desde aquel año, el país ha ido introduciendo una serie de legislaciones que hacen casi imposible la entrada de solicitantes de asilo desde un tercer Estado considerado seguro, como Macedonia o Serbia, ambas repúblicas exyugoslavas.

La ONG Comité Helsinki Húngaro ha recordado que el político macedonio no cuenta con pasaporte, por lo que, según las leyes húngaras, «debería estar en alguna de las zonas de tránsito en la frontera» con Serbia, donde los refugiados y migrantes africanos o asiáticos esperan durante semanas o meses a que se tramiten sus solicitudes.

Además, las leyes húngaras castigan a quien preste ayuda o protección, incluso si se trata de ONG, a inmigrantes irregulares.

El Gobierno húngaro anunció ayer que las autoridades migratorias analizarán conforme a la legislación nacional la solicitud de asilo de Gruevski y dijo que se trata de un trámite legal y que Hungría no quiere intervenir en la política interna de Macedonia.

La buena relación entre Orbán y Gruevski se remonta a varios años atrás. En 2003, el primer ministro húngaro recibió la orden «8 de septiembre», la máxima condecoración que Macedonia concede a extranjeros, y los dos se han dado apoyo político mutuo.

El macedonio fue el primero en iniciar en enero de 2017 una campaña política contra el magnate estadounidense George Soros y su concepto de sociedades abiertas.

Gruevski fue el primero en utilizar el lema «Stop Soros», copiado luego por Orbán en su campaña para denunciar que el empresario, las ONG y la Unión Europea maquinan un supuesto plan para traer al continente a millones de inmigrantes.

Altos cargos del Fidesz, el partido de Orbán, han dicho ahora que el actual Gobierno macedonio está controlado por Soros y por ello persigue a Gruevski.

El Gobierno húngaro dijo ayer que no ofrecerá más detalles sobre el caso hasta que no se concluyan los trámites.

El Departamento de Estado de EEUU opinó ayer que el caso Gruevski debe ser resuelto por el sistema judicial en Macedonia.

Por el momento, la Unión Europea (UE) no se ha pronunciado oficialmente sobre el asunto.

Pero el secretario de Estado alemán para la UE, Michael Roth, sí lanzó ayer en la red social Twitter un irónico mensaje: «Hungría abre sus puertas a los refugiados, magnífico…»

La oposición socialdemócrata húngara ha acusado al Gobierno de mentir y el diputado independiente Ákos Hadházy anunció que ha presentado una denuncia contra desconocidos por ayudar al ex primer ministro macedonio a cruzar ilegalmente la frontera.

«El Gobierno húngaro -dijo- es una organización que ayuda a la inmigración ilegal ya que ha reconocido que da refugio a un delincuente que llegó de una forma ilegal y sin pasaporte».