Honduras y Canadá acuerdan promover el acceso a justicia para mujeres y LGBTI

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Tegucigalpa – Honduras y Canadá firmaron un memorando de entendimiento que pretende promover el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia y miembros de la comunidad de lésbica, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI), informó este martes una fuente oficial.

El documento fue firmado en Tegucigalpa por la subsecretaria de Cooperación Internacional del país centroamericano, Norma Allegra Cerrato, y el embajador de Canadá en Costa Rica, concurrente en Honduras, James K.Hill, indicó en un comunicado la Secretaría hondureña de Relaciones Exteriores.

Cerrato agradeció a Canadá su apoyo al proyecto “Justicia para las víctimas de violencia basada en género en Honduras”, a favor de un sector vulnerable de la población hondureña.

El proyecto, cuya inversión es de cuatro millones de dólares, está orientado a investigar feminicidios y delitos contra miembros de la comunidad LGBTI en el país.

Además, pretende garantizar que niñas, mujeres y miembros del colectivo LGBTI sean atendidos por funcionarios de justicia siguiendo un protocolo, y promover la protección y el apoyo a las víctimas y testigos de estos delitos, añade la información oficial.

Las autoridades hondureñas esperan que la iniciativa contribuya a aumentar la confianza de estos grupos en la respuesta del sistema de justicia criminal en casos de violencia sexual y de género.

El proyecto capacitará en materia de investigación y gestión de casos, preparación y presentación de juicios orales a operadores de justicia, investigadores, fiscales y jueces.

También se fortalecerá el apoyo técnico al Ministerio Público con un sistema de seguimiento para ver los avances y resultados de los delitos contra mujeres y miembros de la comunidad LGBTI en el país.

El proyecto incluye además la creación de una plataforma de indicadores que permita tomar decisiones basadas en la evidencia, señala el comunicado.

El poder Judicial, el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y la Secretaria de Derechos Humanos, son las instituciones hondureñas beneficiadas con el proyecto.

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