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EEUU aumenta sus sanciones a Nicaragua por abusos a DDHH y socavar democracia

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Una-mujer-apunta-el-nombre-de-su-hijo-para-enviarle-alimento-en-la-crcel-El-Chipote-de-Managua-Nicaragua.-EFE

Managua.- Estados Unidos anunció hoy otra lista de sanciones a funcionarios nicaragüenses por abusos a los derechos humanos y/o socavar la democracia en medio de la crisis sociopolítica que atraviesa este país y que se ha cobrado 285 vidas desde el pasado 18 de abril.

La embajadora estadounidense en Managua, Laura Dogu, informó de la revocación de visas a más funcionarios y otros individuos involucrados en la represión de las manifestaciones y las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.

"Este día, el Departamento de Estado revocó visas de otros individuos responsables de abusos contra los Derechos Humanos y/o por socavar la democracia en Nicaragua", indicó la embajadora en una declaración.

Mientras el Gobierno nicaragüense "siga usando violencia para reprimir protestas pacíficas, seguiremos revocando visas de los responsables", advirtió.

El pasado 7 de junio, la Administración del presidente Donald Trump decidió restringir los visados a un primer grupo de individuos responsables de abusos de derechos humanos y culpables de socavar la democracia nicaragüense.

En esa ocasión los afectados por esas restricciones fueron funcionarios de la Policía Nacional, de gobiernos municipales y del Ministerio de Salud.

Washington no ha precisado el número total de personas sancionadas bajo esta medida ni los ha identificado por razones de de confidencialidad.

Un grupo de legisladores estadounidenses ha pedido a Trump que sancionase en concreto a Francisco Díaz, jefe de la Policía de Nicaragua, y Francisco López, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ambos muy próximos al presidente, Daniel Ortega, por su responsabilidad en la represión de las protestas antigubernamentales.

Este miércoles la embajada estadounidense confirmó que solicitó a la Policía de Nicaragua la devolución o el pago de los vehículos que donó EE.UU. a la institución al considerar que están siendo utilizados para "reprimir" al pueblo.

La Policía negó que hayan usado esos vehículos para reprimir las manifestaciones y transportar a fuerzas irregulares.

Estados Unidos también ha pedido al Gobierno de Nicaragua garantice pleno acceso a los entes internacionales que investigarán la crisis y le ha exigido "terminar inmediatamente con su campaña de violencia e intimidación contra su propio pueblo".

Washington exigió además a Ortega que convoque elecciones anticipadas al considerar que esa es la única vía posible para salir de la situación actual.

Esa exigencia coincide con el planteamiento que la Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora y testigo de un diálogo nacional, hizo a Ortega el 7 de junio pasado de convocar a elecciones anticipadas para el 31 de marzo de 2019.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también ha propuesto al Ejecutivo nicaragüense la celebración de comicios presidenciales y parlamentarios en un plazo mínimo de nueve meses y un máximo de 14, con el fin de superar la crisis.

Las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua están fijadas para el año 2021.

Durante la jornada de este jueves, se anunció que un equipo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigará las muertes ocurridas durante la crisis se instalará en Managua el próximo martes.

La misión de ese equipo de expertos es un requisito de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con mediación del Episcopado, denominado Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).

El objetivo del Meseni es dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la CIDH en su informe ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que consisten principalmente en que el Gobierno cese la represión y garantice el respeto a los derechos humanos.

Nicaragua cumplió este jueves 72 días desde que se inició la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, y que ha acabado con la vida de al menos 285 personas, según cifras de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

Las protestas contra el Gobierno comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, tras once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. 

 

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