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María y José, hondureños entre vorágine de solicitudes de refugio en México

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Tapachula (México).- Después de ser extorsionados por una pandilla, María y José acudieron a la Policía, donde les dieron dos opciones: pagar o salir del país. Ahora, estos hondureños afrontan el proceso para ser reconocidos como refugiados en México, con la determinación de no regresar.

La historia de este matrimonio -con nombres ficticios por motivos de seguridad-, es una de las que quedan invisibilizadas por la gran cantidad de solicitudes de refugio que recibe México, la cual en los dos últimos años ha experimentado un aumento considerable.

Durante 2017, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) registró 14.596 solicitudes, lo que supone un 66 % más respecto a 2016. Las 8.781 peticiones de ese año, además, representaron un crecimiento de 154,6 % en comparación con los doce meses anteriores.

En la ciudad de Tapachula, muy próxima a la frontera con Guatemala, María y José se albergan, junto con su hija y su nieta, en un hospedaje temporal desde que se les permitiera abandonar la estación migratoria en la que permanecieron sin poder salir en 12 días.

María recuerda en una entrevista con Efe cómo les cambió la vida la nota amenazante que recibieron en la que les decían que, si no daban una alta cantidad de dinero, "iban a empezar a matar a todos" los de su familia, empezando por su nieta.

"No tuvimos otra alternativa que salir del país, porque no teníamos dinero para pagarlo", indica.

Su primera idea era llegar hasta Estados Unidos, donde trabaja un familiar que les podría haber ayudado a instalarse para comenzar una nueva vida. Sin embargo, cuando iban en un autobús tras ingresar a México por Ciudad Hidalgo, fueron detenidos por agentes migratorios.

Tras expresar su intención de solicitar asilo en el país, fueron trasladados a la estación de Tapachula. "Para nosotros ha sido difícil el hecho de estar en una cárcel", comenta José sobre el periodo que pasaron allí.

El trato siempre fue bueno, así como la alimentación, "pero el hecho de estar encerrados es bien difícil", y además, los migrantes que llegan allí son separados por sexos, por lo que José sólo podía ver a su familia en la hora de visita diaria. "Tenemos 27 años de casados, y nunca habíamos estado así", agrega.

Dentro de la estación, atravesaron situaciones "que le pasan a todo el mundo allí", como el robo de su ropa, relata María, quien señala que el personal de la estación les ayudó a superar esta situación. "Estamos agradecidos: no somos de su país, pero nos han ayudado", dice.

De acuerdo con lo establecido con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, las solicitudes de refugio se tienen que resolver en un plazo máximo de 45 días.

No obstante, esto no siempre se cumple: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado el pasado febrero en el que denunciaba que la Comar solo había atendido cerca de 60 % de peticiones iniciadas en 2017.

En su más reciente visita al país, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, dijo que los recursos entregados a Comar "son insuficientes" y que, debido a la importancia de la problemática, "se debe invertir adecuadamente en medidas de protección".

Actualmente, argumentó, la Comar es una instancia "relativamente pequeña" que "necesita tener mayor fuerza para tomar su lugar entre las otras instituciones" y conseguir más presencia.

José reconoce que les han explicado que hay casos que pueden alargarse, "porque todos los casos son diferentes".

"Confiamos en Dios de que no sea tan largo; no tenemos otra opción, no podemos regresar a Honduras", asevera.

En las calles de Tapachula, donde llegan más de 40 % de las solicitudes de asilo a nivel nacional, según datos de la Comar, proliferan los carteles en que se informa a los migrantes de que tienen el derecho de solicitar la condición de refugiado.

A pocos kilómetros de allí, un edificio al lado del río Suchiate -que es cruzado por migrantes para ingresar al país- acoge un mural que invita a los extranjeros a pedir protección si consideran que su vida corre peligro.

El matrimonio apunta que ahora están en la "incertidumbre", pero con el ánimo de que juntos podrán afrontar lo que venga.

Una vez que termine el tiempo en el hospedaje temporal -donde pueden estar un máximo de siete días- "tenemos que ver cómo hacemos, dónde nos metemos, porque no conocemos el lugar ni nada", argumenta María.

"Vamos a pasar todo el procedimiento y ver de qué manera trabajamos para salir adelante", concluye. EFE

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