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El Parlamento austríaco adopta una ley para cobrar hasta 840 euros por pedir asilo

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Euros 

Viena - El Parlamento de Austria aprobó hoy una enmienda a la ley de extranjería que restringe los derechos de los refugiados y que contempla cobrar hasta 840 euros a los solicitantes de asilo para sufragar los trámites.

La enmienda fue adoptada con mayoría simple, gracias a los votos de los diputados del democristiano ÖVP y del ultranacionalista FPÖ, que integran la coalición del Gobierno del canciller federal, Sebastian Kurz, en una sesión plenaria transmitida en directo por la televisión pública ORF.

Entre otros, la enmienda establece que los refugiados deberán contribuir a los costes de su proceso de tramitación de asilo con el dinero en efectivo que lleven consigo, hasta un máximo de 840 euros.

Otra medida es que las autoridades pueden acceder a los teléfonos móviles de los demandantes de asilo para inspeccionarlos con el fin de rastrear sus trayectorias antes de llegar a Austria.

El principal objetivo de este proceder es verificar que no hayan mentido a las autoridades, sobre todo en cuanto al primer país de la Unión Europea (UE) al que han llegado, ya que es allí donde las normativas comunitarias, el reglamento de Dublin, establecen que se debe tramitar la solicitud de asilo.

Otras disposiciones introducidas tienen por objetivo mantener bajo control a los refugiados con el fin de proceder rápidamente a su deportación si se rechaza su solicitud.

Así, mientras el estatus de la persona está aún en trámite, las autoridades pueden obligar al aspirante a vivir en un establecimiento concreto del Estado.

Los hospitales estarán obligados a avisar con antelación a la Oficina Federal de Extranjería y Asilo cuando van a dar de alta a un paciente que es solicitante de asilo.

Al mismo tiempo, se levanta en determinados casos la limitación de 72 horas establecida hasta ahora como tiempo máximo que podía mantenerse detenido una persona a la que se le haya negado el derecho de asilo.

Además, la permanencia en Austria o la vuelta al territorio del país alpino después de haber recibido una negativa jurídicamente definitiva puede ser penada con hasta seis semanas de prisión o multas de hasta 15.000 euros. EFE

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