Inmigrantes multados por el Gobierno Trump piden respaldo a los legisladores

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Fotografía del 3 de marzo de 2017, de la guatemalteca indocumentada Hilda Ramírez y su hijo iván, que aprendió a leer en español e inglés gracias a la ayuda de la comunidad de la iglesia presbiteriana de San Andrés, situada al norte de Austin, Texas (EE.UU.). EFE/Alex Segura

Los Ángeles – Inmigrantes indocumentados con multas por cientos de miles de dólares por no acatar las órdenes de deportación que pesaban sobre ellos buscan respaldo este martes en el Congreso para desafiar el castigo de la Administración Trump.

La mexicana Edith Espinal, que enfrenta una multa de casi medio millón de dólares, encabeza el llamado para captar la atención de los legisladores.

«Todos los que vivimos en un santuario sentimos que hemos sido olvidados por aquellos que dicen ser nuestros defensores», dijo Espinal en un comunicado.

El pasado 2 de julio la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) le envío a Espinal notificación de una multa por 497.777 dólares por no haber acatado una orden de deportación emitida en septiembre del 2017.

La inmigrante mexicana, de 42 años y madre de tres hijos se refugió en la Iglesia Menonita de Columbus, Ohio, en octubre del 2017 y desde ese momento está peleando para que no la expulsen del país.

La abogada de inmigración Lizbeth Mateo, quién representa a Espinal, explicó a Efe que ICE dio un plazo de treinta días para que pague la multa y la próxima semana tendrán que responder a este desafío económico.

«Definitivamente no vamos a pagar, no tenemos esos recursos y en este momento necesitamos un apoyo real, acciones que detengan estos ataques», advirtió Mateo.

Desde que inició su mandato el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que pedía que se aplicaran todas las sanciones posibles a las personas que están de forma indocumentada en el país.

Según las normas, ICE puede multar a quienes no cumplen con la ley de inmigración hasta con 799 dólares por día.

Espinal no es la única inmigrante refugiada en santuario que ha recibido multas elevadas. La guatemalteca María Chavalan Sut recibió una notificación con una multa de 214.132 dólares el pasado 9 de julio.

Chavalan Sut, quién llegó al país en 2015 buscando asilo político, vive desde septiembre del 2018 en la Iglesia Wesley Memorial United Methodist en Virginia y hasta allí le llegó el aviso de la costosa multa.

La misma situación afronta Hilda Ramírez. La inmigrante guatemalteca, que está refugiada con su hijo Iván en la iglesia presbiteriana San Andrés, en Austin, Texas, recibió una sanción económica de 303.620 dólares.

Mateo, que tiene su despacho de abogada en Los Ángeles, viajó hasta Washington para elevar la voz por su cliente y los demás inmigrantes que, según ella, están siendo acosados por el Gobierno Trump.

«La Administración esta buscando una disculpa para entrar a los santuarios alrededor del país y violar las normas que el mismo ICE tiene sobre lugares sensibles donde supuestamente su agentes no pueden hacer arrestos», opinó la abogada.

«Es una estrategia que va más allá de crear temor o de poder pagar o no», alertó Mateo.

Impulsada por el miedo a que las autoridades irrumpan en el santuario, la detengan y la separen de su hijo, la guatemalteca Ramírez dirigió un mensaje a los líderes demócratas.

En un comunicado, la inmigrante dijo que legisladores como el senador Bernie Sanders y el representante Julián Castro han hecho promesas y este llamado es para asegurar de que las cumplan y hagan de la lucha por los indocumentados y las personas que están en santuario «una prioridad».

Mateo dijo que apelarán la costosa multa en la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), pero que esto no garantiza que se pueda evitar el pago.

«Desde mi punto de vista esto es un extorsión, nada nos asegura que no nos van a mandar otro cobro, esto es un ataque directo a las instituciones de fe y a la lucha contra la deportación», insistió la abogada.

Al llamado se unieron ciudadanos estadounidense afectados por las políticas migratorias del Gobierno Trump, como Carly García quién vive separada de su esposo Alex desde que él buscó refugio en una iglesia en Misuri para evitar su expulsión del país.

«No importa que yo sea una ciudadana estadounidense y que tenga cinco hijos, ellos aún así quieren deportar a mi esposo», expuso García.

En ese sentido Espinal recalcó que los inmigrantes que se encuentran en santuario hacen parte del drama de la separación familiar, y los legisladores también deberían abogar por estos indocumentados.

«Se nos dice que tengamos paciencia y que esperemos la reforma migratoria, yo llevo dos años esperando que mi representante visite la iglesia pero no ha atendido mi solicitud y yo siento que nosotros no somos una prioridad», subrayó Espinal.

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