Tegucigalpa.- El Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera, instó hoy a la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) a «cumplir» los compromisos migratorios adoptados en la segunda cumbre celebrada en México, en medio de la caravana de cerca de 3.000 hondureños que intentan llegar a EE.UU.

«Los Estados, sean países de origen, de tránsito y destino final, deben desarrollar políticas de protección, apoyo y asistencia a los fenómenos migratorios cumpliendo con los compromisos asumidos en el ámbito de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas», indicó Herrera en un comunicado.

Los defensores de los derechos de Iberoamérica acordaron en mayo de 2017 instar a los Estados nacionales a generar las condiciones necesarias para la realización de los movimientos migratorios en condiciones de seguridad y dignidad, añadió.

Además, atender las causas de los flujos migratorios «sin olvidar las responsabilidades compartidas de los Estados de origen, tránsito y destino, así como de la comunidad internacional».

Los fenómenos migratorios en países como Honduras tienen «múltiples causas que van desde las condiciones de pobreza y de extrema carencia, evidenciadas por las personas migrantes», señaló.

El defensor del pueblo hondureño dijo que el crimen organizado, la violencia generalizada y otros factores de inseguridad están «obligando a muchas personas a salir en búsqueda de protección internacional con el fin de resguardar su vida, libertad e integridad personal, mediante la condición de refugio».

Los migrantes hondureños en su travesía son «sujetos a tratamientos indignos, opresivos y persecutorios por parte de algunas de las autoridades de los Estados que atraviesan y por bandas criminales que buscan obtener ventaja patrimonial de ellas», precisó.

El ombudsman hondureño destacó que esa realidad «es particularmente dura para las mujeres, los niños, niñas y adolescentes involucradas en los procesos migratorios por los riesgos de tráfico, trata y de explotación sexual».

El cierre de fronteras, la construcción de muros y el obstáculo policial a la circulación de las personas «no detiene su intención por alcanzar el destino pretendido, sino que más bien estas acciones fortalecen la red de trata y tráfico de personas, asociadas a otro tipo de criminalidad», enfatizó.

Herrera indicó que desde las instituciones de derechos humanos se debe «sensibilizar a los Gobiernos para que adopten las medidas necesarias para prevenir la discriminación de las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas».

Además, que se les brinde «especial atención por la vulnerabilidad» en la que se encuentran mujeres, menores, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y de la comunidad homosexual que «han dejado sus países de origen o residencia en búsqueda de mejores condiciones de vida a causa de la violencia causada por el crimen transnacional y organizado», agregó.

El ombudsman hondureño destacó la importancia de que «no se criminalice el fenómeno social de la migración», y enfatizó que sus homólogos de Iberoamérica «están comprometidos en la supervisión, apoyo y seguimiento al cumplimiento de las acciones asumidas por los Estados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas».

Desde que miles de migrantes hondureños, unos 3.000, según la ONU, salieron hace 8 días del país en una caravana para intentar llegar a Estados Unidos, lo defensores del pueblo de Guatemala, El Salvador, Honduras y México activaron el Protocolo de Actuación de la FIO para brindarles «protección y acompañamiento», añade la información.