Oficiales de seguridad afganas se mantienen posición durante su ceremonia de graduación celebrada en Herat (Afganistán), el miércoles 3 de diciembre de 2014. EFE/Archivo

Tucson (AZ) – José Arturo González Carranza, el inmigrante y esposo de una soldado muerta en Afganistán, y que llegó a ser deportado, deberá comparecer en una corte de inmigración en agosto próximo luego de que un juez reabriera su caso, confirmó a Efe su abogado.

Ezequiel Hernández, que representa a González Carranza, dijo a Efe que la jueza de inmigración Silvia Arrellano aprobó la moción para reabrir el caso después de que a principios de este mes el inmigrante fuera deportado este mes a Nogales, en Sonora (México), por no haberse presentado a una audiencia migratoria.

Ante la presión de la comunidad, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permitió días después el reingreso del inmigrante mexicano, cuyo caso acaparó la atención nacional.

«Se han cometido varios errores. Para comenzar no fue notificado por la corte que tenía que presentarse», lo que dio pie a que agentes de ICE se presentaran en su hogar el pasado 8 de abril para deportarlo, explicó Ezequiel Hernández.

El hecho de que la magistrada aceptara el pedido significa que por el momento la orden de deportación queda suspendida, sin embargo su futuro en este país aún es incierto, señaló el abogado.

Hernández señaló que su defendido espera vea aprobada su solicitud para acogerse a un programa que se otorga a familiares indocumentados de soldados estadounidenses y que le permitiría vivir y trabajar en el país.

El abogado indicó que todo el proceso tiene un fuerte impacto en la vida diaria de su cliente, especialmente ahora que no cuenta con un permiso de trabajo y tiene que depender económicamente de sus familiares y amigos.

La deportación de González Carranza, de 30 años de edad, desató una gran polémica por tratarse del esposo de una soldado de las Fuerzas Armadas que fue abatida en septiembre de 2010 en Afganistán.

El inmigrante entró de manera irregular al país en el año 2004 y tres años más tarde se casó con Barbara Vieyra, con quien tuvo una hija, Evelyn González Vieyra, ciudadana estadounidense y ahora de 12 años de edad.

Tras la muerte de su esposa, un tribunal optó por dejar a González Carranza en libertad condicional, pese a que pesaba sobre él una orden de deportación, y finalmente un juez de inmigración optó por archivar el caso por «razones humanitarias urgentes», tal como explicó el abogado.

El año pasado, como consecuencia del restrictivo nuevo marco legal para la inmigración indocumentada impuesta por la Administración del presidente, Donald Trump, ICE reabrió su expediente.

El hecho, y la atención mediática que ganó el caso, provocó una airada reacción de la hermana de su difunta esposa, la cual en declaraciones a medios locales acusó a González Carranza de «utilizar» a su hija para «ganar simpatía», ya que en realidad apenas tiene contacto con la menor, quien vive con sus abuelos maternos desde que una corte les concedió la custodia.