El Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas. EFE/Archivo

San Salvador – La Iglesia católica urgió este domingo a las autoridades de El Salvador a implementar políticas de Estado para defender los derechos de los migrantes que se ven obligados a abandonar el país por cuestiones de pobreza y de violencia.

«Pedimos a las autoridades (salvadoreñas) políticas de Estado para defender, de la mejor manera, los derechos de nuestros hermanos migrantes», dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, durante su acostumbrada conferencia de prensa dominical.

El religioso señaló que también «es necesario trabajar todos juntos» para que el país pueda «en un futuro próximo resolver sus problemas de violencia y de injusticia social para que no se vean más salvadoreños obligados a migrar».

Escobar Alas indicó que la Iglesia católica siempre estará en favor de los migrantes y apuntó que se está «abogando por la defensa de sus derechos, porque no es justo que se les maltrate; que se les asesine; que se les despoje de sus bienes y se les atropelle de mil maneras, vulnerando todos sus derechos».

El arzobispo de San Salvador aprovechó el espacio para nuevamente lamentar la muerte del joven Óscar Martínez y su hija Valeria, quienes se ahogaron en el río Bravo al intentar llegar a EE.UU.

Los cuerpos de padre e hija, cuya tragedia ocurrió el 23 de junio y consternó a la comunidad internacional, fueron sepultados el 1 de julio en un cementerio de la capital salvadoreña.

Las víctimas intentaban llegar a Estados Unidos para pedir asilo, como lo hacen muchos de sus compatriotas que tratan de escapar de la pobreza y la violencia de las pandillas que golpean a El Salvador.

En el último mes, la crisis migratoria que se vive en las dos fronteras mexicanas se ha agudizado después de que el Ejecutivo del presidente de EE.UU., Donald Trump, diera al país un ultimátum para acabar con el flujo migratorio.

Hasta marzo pasado, la Administración Trump había deportado a 3.718 salvadoreños mayores de edad, un 8,9 % superior a los registrados en los primeros tres meses de 2018.