Tegucigalpa – La violencia doméstica sigue siendo una de las causales de mayor agresión contra las mujeres, que a diario interponen un promedio de 58 denuncias y según los registros del Poder Judicial, más de 200 mil denuncias han sido canalizadas en 10 años, pero el Observatorio de Derechos Humanos de la Mujeres advierte que esas cifras en muchos casos suelen ser engañosas.
Definida como todo patrón de conducta asociado a una situación de ejercicio desigual de poder que se manifieste en el uso de la violencia física, sicológica, patrimonial y/o económica y sexual, la violencia doméstica sigue siendo una especie de cáncer silencioso contra las mujeres, ataca sin que se castigue, impone miedo, sin que lo detecten y genera impunidad y frustración ante la falta de justicia.
El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) a través de su Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres, publicó su más reciente informe al respecto y en él señala que en 10 años, el promedio anual de denuncias que ingresan a la Corte Suprema de Justicia es de 20 mil 523 casos.
En 10 años, según el Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ) se han ingresado 205 mil 239 casos de violencia doméstica. Diariamente un promedio de 58 denuncias ingresa a la Corte de Justicia, señala el CEDIJ.
La mora judicial sigue siendo alta en el campo de la violencia doméstica.Las denuncias por violencia doméstica en una década tienen su pico más alto en el año 2009 (22 mil 343) y el 2018 (21 mil 334), según el Observatorio de Derechos Humanos de la Mujeres del CDM, quien asegura que el Estado no termina de dar respuestas a las mujeres y sus demandas.
La mora judicial sigue siendo alta, la relación entre los casos que ingresan y la cantidad y tipo de resoluciones no son los mismos. “Las denuncias que las mujeres interponen contra sus parejas por violencia doméstica ante los órganos judiciales, pasan por un proceso que debe culminar en una sentencia”, pero esa etapa lleva un buen tiempo.
A las mujeres que logran culminar el proceso judicial “y que tienen sentencias favorables, o sea con lugar, no se les tutela ni restituyen sus derechos, ya que hacerlo implica garantizar derechos, y en la mayoría de las sentencias no se le da seguimiento al cumplimiento de los mismos”, asegura el informe del observatorio.
Ingresos y resoluciones
La violencia doméstica en muchos casos termina en femicidio, en especial en zonas remotas del país, donde los subregistros de casos son altos y en donde los llamados juzgados de paz terminan favoreciendo o justificando las acciones del hombre. Las organizaciones de mujeres llevan actualmente casos en uno de los municipios de La Paz, donde una fémina fue asesinada por su expareja, frente a sus hijos, porque le denunció por violencia doméstica y lo abandonó.
Los registros del Centro de Derechos de las Mujeres que en los años 2017 los casos ingresados en los juzgados de letras en materia de violencia doméstica y juzgados de paz en materia de violencia doméstica fueron 19 mil 626, de las que 7 mil 236 fueron declaradas con lugar, 1 mil 284 sin lugar, 10 mil 327 caducados, 487 otros.
Impunidad en casos caducados
En tanto, en el 2018, los mismos tribunales arriba citados conocieron 21 mil 334 casos ingresados, de los que 7 mil 175 fueron declarados con lugar (aceptados), 1 mil 204 sin lugar (rechazados); 6 mil 570 caducados y 375 otros.
Son los casos caducados, que se dejan vencer o no se da seguimiento, los que elevan la mora judicial y juegan en contra de las mujeres que sufren de violencia doméstica, advierte el observatorio del CDM. La mayoría de las denuncias registradas son de féminas que han tenido valor para la denuncia, pero los subregistros indican que el número de casos puede ser mayor, en especial en las áreas rurales donde las mujeres enfrentan violencia y no la denuncian. Lo mismo ocurre, aseguran, en las zonas urbanas.
El Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM atribuye que la mayor parte de los casos denunciados que entran en caducidad tiene entre sus factores, que en algunos casos los operadores de justicia exponen a las mujeres ante sus agresores porque a ellas se les entrega el documento legal con las medidas de protección y restricción para protegerse, este es un documento dirigido a los agresores y es la policía que debe cumplir esta labor de entrega.
Asimismo, atribuyen a que los funcionarios encargados de agilizar el proceso de judicialización no están brindando la información necesaria para que las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica puedan dar seguimiento a sus denuncias y facilitar que estas no caduquen y se obtengan sentencias que sancionen a los agresores.
El nuevo Código Penal dismuye las penas en delitos en contra de las mujeres.Tampoco hacen conciencia respecto a la importancia del proceso, no les informan que pasa si no lo continúan o que riesgos tienen si no ponen alto a la violencia; no le dicen los peligros que va a enfrentar si no se continúa el proceso, como que el agresor pierda el temor a ser denunciado.
Igualmente ocurre que los funcionarios no dan explicaciones acerca de lo que implica el proceso, a qué se van a enfrentar, cuáles serían las ventajas de no abandonar el proceso, entre otros aspectos.
Finalmente, el que las propias víctimas sean las responsables de llevar la citación a sus agresores hace que muchas de ellas desistan de continuar con el proceso que en sí mismo les genera mayores niveles de inseguridad. Si a lo anterior se suma que dichas citaciones pueden tardarse hasta seis meses para su realización, ese margen de tiempo vuelve más vulnerables a las mujeres y pueden llegar a ser víctimas de violencia femicida, acota el Observatorio del CDM, entre las valoraciones de su informe.
Si la violencia doméstica sigue estando invisible dentro de las políticas públicas, las organizaciones de mujeres también han puesto su acento en la entrada en vigor del nuevo Código Penal, previsto para noviembre próximo, pues las penas para los que ejercen violencia contra la mujer bajan ostensiblemente. El golpe, así, seguirá siendo intrascendente.
