Tucson (AZ) – Cuando inmigrantes con récord criminal llegan a la frontera sur se da pie al Gobierno del presidente Donald Trump a reclamar la construcción del muro con México, aunque los números indican que son una minoría y en muchos casos se trata de infracciones a las propias leyes migratorias.
«Es un porcentaje bajo comparado con el número total, pero estas personas son un peligro para nuestras comunidades y en su travesía también son un riesgo para las mismas personas que vienen con ellos», sostuvo Daniel Hernández, vocero de la Patrulla Fronteriza en Arizona, en declaraciones a Efe.
Cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) revelan que la Patrulla Fronteriza arrestó un total de 6.259 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales en el año fiscal 2018, y, de este número, 1.547 tenían órdenes de captura.
En ese año fiscal, que concluyó el 30 de septiembre de 2018, se detuvo en la frontera a 239.331 adultos que viajaban solos, aunque esa cifra es mayor si se incluye a los que lo hicieron en núcleos familiares, por lo que los 6.259 con récord criminal representa como máximo el 2,6 % del total.
Y según estas mismas cifras oficiales, la cifra de detenidos con antecedentes pasó de 12.842 en el año fiscal 2016 a 8.531 en el 2017 y a los 6.259 del último periodo en estudio.
De los arrestados, 3.637 fueron condenados por reingresar al país tras haber sido deportados, 1.062 por manejar bajo la influencia de alcohol o drogas, 816 por posesión o tráfico de drogas, 506 por violencia doméstica, 322 por robo o fraude, 98 por porte ilegal de armas, 78 delincuentes sexuales y 3 por homicidio, entre otros.
La política de mano dura contra la inmigración indocumentada de la Administración del presidente Donald Trump se basa en estos números y en la concepción de que los indocumentados representan una amenaza para la seguridad pública.
Pero Juanita Molina, directora ejecutiva de la Red de Acción Fronteriza, considera que el presidente usa las estadísticas para distorsionar la realidad de la comunidad inmigrante y promover la construcción del muro, una de sus principales promesas de campaña.
«Muchas veces él da números sin referencia ni contexto», afirmó a Efe Molina. «Los números de inmigrantes criminales (detenidos en frontera) en la primera parte de 2018 muestran que la mayoría no habían cometido crímenes violentos».
Según Molina, el 26 % de los delitos estaban relacionados con infracciones a las propias leyes migratorias.
Sin embargo, las autoridades migratorias consideran una obligación dar a conocer quiénes son las personas con antecedentes criminales que están regresando al país tras haber sido deportados porque, en su opinión, nadie los querría de vecinos.
Agentes fronterizos en Arizona arrestaron en la última semana a tres indocumentados que habían sido previamente deportados después de cumplir su condena.
Uno de ellos fue Mariano Sic-Cua, un guatemalteco de 39 años que había sido condenado a 308 días de prisión en 2010 por un delito sexual cometido en Florida.
Dos días después, agentes que patrullaban el área de Cowlic arrestaron a Christopher Aquino Canaca, un hondureño que admitió ser miembro de la Mara Salvatrucha y que ya había sido deportado en dos ocasiones previamente.
Un compatriota suyo, José Geovani Flores, fue detenido cerca de Ajo y cuando los agentes lo procesaron descubrieron que había sido condenado en el texano condado de Travis en 2011 por agresión sexual a dos años de reclusión.
«En este sector hemos visto pandilleros de la Mara Salvatrucha, de la Calle 18 y varios casos de depredadores sexuales que han sido juzgados y encontrados culpables, fueron deportados y regresan al país. También hemos arrestado personas que habían sido juzgadas por homicidio», detalló Hernández.
El vocero de la agencia migratoria resaltó que también arrestan a personas que tienen antecedentes delictivos en sus países, con varios de los cuales tienen acuerdos de colaboración para saber si tienen antecedentes criminales.
Con todo, los indocumentados son menos propensos a cometer delitos que los ciudadanos estadounidenses, según varios estudios al respecto.
Uno de ellos, publicado por el Instituto Libertarian Cato en febrero de 2018, examina los datos de condenas penales en 2015 proporcionados por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.
Este informe encontró que los residentes nativos eran mucho más propensos a ser condenados por un delito que los migrantes, ya fueran indocumentados o residentes legales, de acuerdo con un reporte del Washington Post.
«Como porcentaje de sus respectivas poblaciones, en 2015 hubo un 56 % menos de condenas penales de inmigrantes ilegales que de los estadounidenses nativos en Texas», escribe el autor, Alex Nowrasteh. «El índice de condenas penales para los inmigrantes legales fue de alrededor del 85 % por debajo del índice de nativos».
Los datos muestran patrones similares para crímenes violentos, como homicidios y delitos contra la propiedad, como el hurto o robo, y el estudio encontró que los indocumentados eran más propensos que los nativos a ser condenados por «juegos de azar, secuestros, contrabando y vagancia».
