Maestros latinos denuncian haber caído en una red abusiva en Washington

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Cientos de personas, entre miembros de sindicatos laborales y estudiantes de secundarias y universidades, marchan para pedir un alto en los recortes a la educación. EFE/Archivo

Washington – Amparados con una visa que les permitía trabajar legalmente en Estados Unidos, un grupo de maestros latinoamericanos denunció haber caído en una red de cobros abusivos y amenazas de deportación que les hacía trabajar «prácticamente como esclavos».

Docentes colombianos, hondureños, costarricenses y de otros países de América Latina llegaron esperanzados de trabajar en las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS, en inglés), la capital, de la mano de una empresa que tramitó sus visas.

Y aunque el cometido se cumplió, ya que los maestros -bilingües y con una alta capacitación- lograron incorporarse a distintas escuelas públicas, los elevados costos administrativos, de permanencia y visado superaron sus cálculos iniciales.

«El primer año yo pagué casi 13.000 dólares, (en concreto) fueron 12.700 dólares», dijo a Efe una de las docentes que habló bajo la condición del anonimato.

A raíz de esta situación, el fiscal general del Distrito de Columbia, Karl Racine, presentó el pasado 1 de abril una demanda contra Bilingual Teacher Exchange y un grupo de empresas lideradas por Earl Francisco López, encargadas de reclutar a los profesionales latinoamericanos y tramitar sus papeles.

«Estos trabajadores de educación vinieron al distrito para enseñar a los estudiantes de D.C., López y sus compañías los defraudaron, no prestaron poco o ningún servicio y, a cambio, los atraparon en un ciclo de deudas, multas por demoras y amenazas de deportación», relató el fiscal en un comunicado.

Según la acusación, cuando los maestros «se resistían a pagar o se atrasaban en sus pagos», la empresa llegaba incluso a «amenazarlos con la pérdida de sus visas y la deportación».

Según la docente, originaria de Bogotá, quien viajó junto a su entonces prometido, los cobros correspondía «supuestamente» a la visa y «algo que ellos llamaban costos administrativos».

«Nunca hubo ‘workshops’ (talleres) o desarrollo profesional, ningún tipo de apoyo en el tema pedagógico, académico o cultural», complementó esta educadora, que logró ser distinguida por su eficiencia, pero a quien en su primer año de estadía le quedaban 300 dólares mensuales después de impuestos y pagos administrativos.

En la demanda, que estima en al menos 45 los afectados, muchos de ellos colombianos, el fiscal alega que López y sus empresas afirmaron falsamente ser la compañía «patrocinadora» de las visas y que estaban afiliados a las escuelas públicas.

Consultado por Efe, un portavoz de International Teacher Exchange Services (ITES), el verdadero patrocinador de las visas, dijo que están al tanto de la demanda y que continúan «trabajando con todas las partes interesadas» para «proteger a los maestros de este tipo de prácticas comerciales depredadoras». No hubo respuesta del DCPS.

«Uno no tiene ni idea del valor de una visa. Para nosotros, la visa pudo haber valido cualquier cantidad de dinero y nunca nos enteramos del valor real», agregó la educadora para explicar que en su segundo año de trabajo pagó 9.000 dólares, 7.000 en el siguiente y al final desembolsó entre 4.500 y 5.000 dólares.

Esta joven consideró como lo «más fuerte» fue que pese a tener un «nivel profesional excelente» llegaron a un país «a ser tratados prácticamente como esclavos».

Una historia similar vivió una educadora costarricense, quien señaló a Efe que el programa es atractivo, ya que ofrece una visa J-1 emitida por el Departamento de Estado para programas de intercambio patrocinados por escuelas, negocios y otras organizaciones.

Esta profesora detalló que la promesa «era trabajar en Washington», en un programa de intercambio «bien establecido» orientado a que los «profesores que vinieran a EE.UU. tomaran toda esa experiencia» y a su retorno la compartieran en su país, sin que les mencionaran los cobros que les harían.

Pero en su caso ella misma debió conseguir su trabajo, lo que le garantizó su arribo en junio de 2015.

Según esta docente, el contrato que firmó con la empresa demandada establecía el pago de un depósito de 750 dólares por concepto de alojamiento y de casi 600 dólares mensuales de alquiler.

«Yo viví en la casa donde tenía el programa», afirmó tras relatar que en ese lugar también funcionaba la oficina.

La profesional, que prefirió no revelar su nombre, apuntó que López los recogía en el aeropuerto y los llevaba a ese lugar.

«Yo salí de ahí, pero a mí me tocó volver porque no me alcanzaba la plata», lamentó esta docente, quien ya es residente permanente en EE.UU, y explicó que además de los 600 dólares debía sufragar renovaciones, depósitos y gastos extras que, consideró, López «se inventaba».

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