Nueva York demanda a ICE en un intento de poner fin a las redadas en los tribunales

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En la imagen, la fiscal general de Nueva York, Letitia James (c). EFE/Shawn Thew/Archivo

Nueva York – Nueva York intenta detener los arrestos «inconstitucionales» de civiles que el Departamento de Seguridad Nacional realiza en los tribunales sin una orden judicial a través de su Servicio de Inmigración y Aduanas, con dos demandas presentadas este miércoles por la Fiscalía general del estado y una coalición de grupos proinmigrantes.

Las demandas, en el tribunal federal para el distrito sur de Nueva York, reclaman que esa acción viola la Constitución de EE.UU., que reconoce derechos a indocumentados, y piden a la corte que le ponga un alto a la práctica dejando sin efecto la directriz del Departamento de Seguridad.

«Hoy hemos tomado un gran paso para asegurar la integridad del sistema judicial», dijo en una conferencia de prensa la fiscal general del estado, Letitia James, que encabeza la primera demanda junto al fiscal del distrito de Brooklyn, Eric González.

Los fiscales, que demandan a nombre del estado, plantean que los arrestos en y fuera de los tribunales -que atemorizan a inmigrantes- impiden la adecuada administración de la justicia y afectan negativamente la seguridad pública porque han disuadido a los residentes no ciudadanos y a indocumentados de cooperar con las autoridades o de proteger sus propios derechos en las cortes.

Como resultado, afirman, los casos judiciales han sido abandonados o nunca han sido procesados, «lo que hace que las comunidades sean menos seguras».

De acuerdo con James el temor de ser arrestados y deportados les ha llevado a no cooperar, a «mantenerse a la sombra de la justicia y eso no será tolerado» en Nueva York.

De acuerdo con los demandantes, desde la toma de posesión de la Administración del presidente Donald Trump, en enero del 2017, los arrestos de ICE en los tribunales se han disparado en más del 1700 % sólo en Nueva York.

Desde esa fecha, cerca de 400 inmigrantes, tanto indocumentados como aquellos con estatus legal, han sido arrestados.

Los arrestos incluye tanto a los acusados de un delito como, padres citados por casos de manutención; supervivientes de violencia doméstica, agresión sexual, trata de personas y otros delitos; personas con enfermedades mentales o sin hogar y LGBTQ, entre otros.

Los fiscales argumentaron asimismo a la corte federal que ICE está violando la Ley de Procedimiento Administrativo y la Constitución de EE.UU al exceder su autoridad legal para realizar arrestos, que no se extiende a los tribunales y sus alrededores.

Indican además que la directriz de arrestos «es arbitraria y caprichosa» porque no consideró al ponerla en marcha el grave perjuicio a los procedimientos judiciales estatales» y que también «infringe la soberanía de los estados».

«La justicia está comprometida», indicó por su parte el fiscal González en la conferencia.

El pasado abril, la Administración de Cortes del estado de Nueva York prohibió a ICE arrestar inmigrantes en sus tribunales sin una orden de un juez, luego de que un informe del Proyecto de Defensa del Inmigrante mostrara que en 2018 hubo 178 arrestos en comparación con los 11 que hubo en 2016.

En la segunda demanda contra ICE, presentada por la organización Legal Aid Society y la firma internacional de abogados Clearly Gottlieb a nombre de las víctimas, se exige una orden judicial permanente para detener los frecuentes operativos de ICE.

La petición se hizo a nombre de un inmigrante indocumentado, cuyo nombre no se revela para protegerle, superviviente de violencia doméstica que necesitaba una orden de protección, pero temía el riesgo de ser arrestado en el tribunal.

Los demandantes recuerdan el derecho que otorga la Constitución a los no ciudadanos de solicitar al Gobierno una reparación de agravios, lo que incluye el derecho a tener acceso a los tribunales estatales y a participar en los procesos judiciales como testigo, parte o demandante, así como a un debido proceso y protección equitativa.

Argumentan que la Carta Magna reconoce además a los no ciudadanos acusados de un delito el derecho a un juicio rápido y público, a un proceso judicial obligatorio, a recibir asistencia de un abogado y a ser confrontados con testigos en su contra.

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