Ortega busca neutralizar las sanciones de la comunidad internacional, según un opositor

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Managua – El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió un plazo de hasta 90 días para liberar a los “presos políticos” con el fin de neutralizar las sanciones anunciadas por la comunidad internacional, dijo este viernes un disidente sandinista.

Con ese compromiso, asumido en la mesa de negociación el miércoles pasado, el mandatario pretende ganar tiempo y “extraer gas a la presión internacional, principalmente para neutralizar o congelar las sanciones que adelanta la comunidad internacional”, señaló el economista y exdiputado opositor Enrique Sáenz en un artículo que publicó en su página en internet

Otro de sus objetivos es “dividir y sembrar desconfianza entre las organizaciones opositoras”, y el de instalar en la población desconcierto, desaliento y desconfianza hacia liderazgos y fuerzas opositoras.

Los negociadores del Gobierno y de la opositora Alianza Cívica acordaron el miércoles pasado en la mesa de negociación, con la que buscan superar la crisis que estalló en abril del año pasado, la liberación de los denominados “presos políticos” en un plazo no mayor de 90 días.

A juicio de Sáenz, que fue presidente del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Ortega busca disponer de un plazo que le permita intentar flexibilizar las posiciones del Departamento de Estado de Estados Unidos que debe certificar al Congreso, a más tardar en 180 días, si el Gobierno nicaragüense “está progresando en la agenda democrática y de derechos humanos”.

Además busca detener la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que está en proceso en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.

“Ortega pretende que el Consejo Permanente quede con las manos atadas para continuar la tramitación de la Carta Democrática” al liberar en 90 días a los “presos políticos” y al incorporar a la Secretaría General de la OEA como testigo y acompañante de la mesa de negociación, a través del exministro de Defensa uruguayo Luis Ángel Rosadilla, sostuvo.

Asimismo, Ortega también quiere “lograr un respiro” y que las sanciones sugeridas en una resolución condenatoria aprobada recién por el Parlamento Europeo (PE), en la cual se pide a las autoridades de la Unión Europea y a los propios Estados miembros la aplicación de sanciones “a los jerarcas del régimen”, no progresen, indicó.

“A lo interno lo que persigue es quitarle presión a la campaña por la libertad de los prisioneros políticos, mientras sigue manteniéndolos como rehenes y carta de cambio en su juego siniestro”, apuntó.

Por consiguiente, agregó Sáenz, “los esfuerzos del pueblo nicaragüense deben enfocarse en desenmascarar y contrarrestar las maniobras de Ortega”, cuya determinación, dijo, “es mantenerse en el poder, cueste lo que cueste”.

“Para ello debemos intensificar la campaña por la liberación inmediata de los prisioneros políticos, desde la trinchera en que nos encontremos. Es lo que nos corresponde”, anotó.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

AMÉRICA

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