Paraguay masca la «derrota» en el caso de refugiados arremetiendo contra el Acnur

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Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay. EFE/Joédson Alves/Archivo

Asunción – Paraguay arremetió contra Acnur, la Interpol y Uruguay para justificar lo que ha reconocido como una «derrota» judicial: la concesión del estatuto de refugiados políticos a tres activistas de izquierda acusados de secuestro, quienes este miércoles se radicaron en Finlandia.

Esa admisión fue expresada por el presidente Mario Abdo Benítez, quien calificó de «derrota» todo el proceso que llevó desde Uruguay a Helsinki a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, tras 17 años residiendo en Brasil como asilados políticos.

Más taxativa fue la Cancillería, que afirmó que el Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados (Acnur) actuó con «arbitrariedad» al concederles la documentación para instalarse en Finlandia.

Ello después de que el embajador uruguayo en Paraguay, Federico Perazza, fuera llamado a consultas para explicar la decisión de la jueza que resolvió no hacer lugar a la extradición solicitada por Paraguay a Uruguay.

Los tres activistas habían llegado a mediados de año a Uruguay tras perder su condición de refugiados en Brasil.

Fue la última etapa de un periplo que comenzó cuando fueron acusados del secuestro de María Edith Bordón, nuera de un exministro de Hacienda y liberada en 2002 tras el pago de una suma de dinero.

Entonces militaban en el minoritario partido Patria Libre, que según las autoridades fue el embrión de la actual guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

En enero de ese año, Arrom y Martí denunciaron haber sido secuestrados y torturados durante catorce días por agentes vinculados con los cuerpos de seguridad del Estado para que admitieran su responsabilidad en el secuestro de Bordón.

En esas circunstancias se fugaron, junto a Colmán, a Brasil, donde obtuvieron refugio político.

Luego, Arrom y Martí demandaron por torturas al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que a principios de junio emitió un fallo de absolución.

Abdo Benítez acudió a la primera de las sesiones de la CorteIDH en San José (Costa Rica), un hecho sin precedente en el tribunal continental.

En consecuencia, la Justicia brasileña les canceló el estatuto de refugiados, lo que fue ratificado por el ministro Sergio Moro.

De ahí el sentimiento de derrota expresado por Abdo Benítez, cuyo Gobierno saludó como una victoria el fallo de la CorteIDH y la decisión del Gobierno de Jair Bolsonaro de extraditarlos a Paraguay.

Lo que nunca se dio, ya que los tres paraguayos burlaron todos los controles y se presentaron en un juzgado de Montevideo para pedir la nulidad de la orden de extradición.

Así, el 27 de septiembre, la jueza uruguaya Blanca Rieiro falló a favor de darles el estatus de refugiados políticos.

A ese respecto, la Cancillería llamó la atención a Uruguay por no haber tenido en cuenta el fallo de la CorteIDH, si bien la jueza alegó que sí lo tuvo presente y dijo tener «pruebas confidenciales» sobre las presuntas torturas, según transcendió a los medios.

Paraguay recriminó, además, a la Interpol por facilitar la movilidad de los tres activistas al haber levantado el código rojo que pesaba sobre ellos, cuando las autoridades paraguayas sostuvieron que habían insistido en que se volviera a aplicar.

A su vez, Paraguay presentó una protesta diplomática ante el Gobierno de Finlandia, además de preparar otra ante Acnur y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Unas protestas que excluyen toda autocrítica, como el hecho de que las autoridades paraguayas no se enteraran de la decisión de la jueza brasileña hasta el mismo día en que Arrom, Martí y Colmán volaran desde Montevideo a Helsinki.

En ese sentido, los medios paraguayos apuntan a una «negligencia» de la Embajada en Montevideo y del Servicio Nacional de Inteligencia (SNI), que hasta la noche del martes no divulgó que los tres paraguayos habrían conseguido documentación del Acnur «que les permitiría el tránsito libre hasta su destino».

Desde el Gobierno se sigue insistiendo en la condición de «criminales comunes» y «prófugos de la Justicia» de Arrom, Martí y Colmán, cuando lo cierto es que hicieron tierra en Helsinki con acreditaciones de refugiados de Acnur, y en el caso de los dos primeros con documentación finlandesa.

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