Piden a juez que acepte demanda al Gobierno por dificultar pedidos de asilo

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Un grupo de migrantes llega a solicitar la visa humanitaria en la oficina fronteriza estadounidense de El Chaparral, en la frontera de la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, con Estados Unidos. EFE/Archivo

Los Ángeles – Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes pidieron este viernes a una corte federal en San Diego (California) que dé vía libre a una demanda contra el Gobierno federal por las prácticas que impiden que los migrantes pidan asilo en la frontera de Estados Unidos con México.

La demanda alega que tanto la Patrulla Fronteriza (CBP) como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) violan sistemáticamente el derecho internacional y nacional «al negar a las personas la oportunidad de solicitar asilo».

Con estas medidas que los obligan a regresar a sus países de origen, aseguran los demandantes, se pone constantemente a los solicitantes en riesgo de muerte.

La batalla legal inició en noviembre de 2017, y en agosto del año pasado un juez permitió que algunas partes de la demanda siguieran su curso. Mientras el gobierno insiste en que las acusaciones no tienen mérito alguno.

Las organizaciones Al Otro Lado, The Center for Constitutional Rights, The Southern Poverty Law Center y The American Immigration Council encabezan esta demanda colectiva que, aseguran, documenta «numerosos casos» en los que agentes del CBP negaron a los solicitantes de asilo la oportunidad de presentar su caso.

Según la demanda, los oficiales habrían incurrido en prácticas ilegales como asegurar a los solicitantes que el asilo ya no está disponible en Estados Unidos, que los peticionarios necesitan permiso del Gobierno mexicano para buscar asilo o que los demandantes de asilo debían solicitarlo en otros lugares.

Incluso los documentos citan algunos casos donde los extranjeros fueron amenazados y «se les dijo falsamente que si no abandonaban sus esfuerzos para obtener el asilo, perderían la custodia de sus hijos».

Los demandantes aseguran que la conducta del Gobierno está ocurriendo a medida que los países del Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) están experimentando niveles de violencia que no se ven desde las guerras civiles que sacudieron la región hace décadas.

Ante el desborde de solicitudes de asilo político recibidas en la frontera sur del país, el Gobierno Trump implantó a comienzos de año el «Protocolo de Protección a Migrantes» (MPP), que permite regresar a México a los solicitantes para que esperen allí la finalización de su proceso de asilo.

Esta semana un juez decidió que el Gobierno que preside Donald Trump puede seguir enviando a México a algunos solicitantes de asilo mientras se resuelven sus casos, con lo que revirtió el fallo previo de un juez federal que había bloqueado la medida.

El Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en San Francisco (California), se mostró en esta ocasión favorable al Ejecutivo y, aunque no se trata de una decisión final, le permitió proseguir con la política que ya había empezado a implementar hasta que se resuelva el caso de manera definitiva.

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