Reclamos de vigilancia ilegal a musulmanes pueden ir a tribunales, dice corte

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Personas con el Council on American-Islamic Relations (CAIR) y partidarios se manifiestan en contra de un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que respalda la prohibición del presidente estadounidense Donald J. Trump de viajar a EE.UU. a personas de países mayoritariamente musulmanes en San José, California, EE. UU.,el 26 de junio de 2018. EFE /Archivo

Los Ángeles – La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, California, dijo hoy que el Gobierno no puede impedir que miembros de la comunidad musulmana entablen demandas por supuestas vigilancias ilegales bajo el argumento de seguridad nacional y de combatir el terrorismo.

La decisión se refiere a una acción del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de 2006, cuando un agente se infiltró en una de las mezquitas más grandes del Condado de Orange, al sur de California.

Supuestamente, el agente debía reunir información sobre los asistentes al templo sagrado solo porque eran musulmanes.

En 2011, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Consejo para las Relaciones Americano-Islámicas del Gran Los Ángeles y la firma de abogados Hadsell Stormer & Renick LLP presentaron una demanda colectiva denominada Fazaga v. FBI.

Ahilan Arulanantham, abogado de ACLU en California, calificó hoy la decisión como una victoria para todos los que creen en el estado de derecho, y dijo que lo más importante es que existe la posibilidad de justicia para los demandantes y para otras personas atacadas solo por su religión.

En el fallo, el tribunal proporcionó específicamente una vía para que los demandantes reivindiquen sus derechos y prosigan con la querella legal, y buscar pago monetario en compensación por los daños ocasionados por escuchas telefónicas hechas a sus hogares y trabajo.

Además, la corte de apelaciones dictaminó que los afectados por esa vigilancia tienen el derecho de obligar al Gobierno a eliminar de sus archivos la información que recopiló ilegalmente sobre ellos.

«Los musulmanes en este país merecen la misma libertad que protege a todos los demás grupos religiosos: el derecho a practicar su fe en paz sin temor a la intrusión gubernamental», dijo en un comunicado Yassir Fazaga, presidente del Instituto Tanweer y uno de los demandantes en el caso.

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