Se ha dejado de proteger derecho a unidad familiar e interés superior del niño, cuestiona Ombudsman

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Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, lamentó este domingo que se haya dejado de proteger el derecho a la unidad familiar y al interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

– De los 49 mil 301 niños, niñas y adolescentes retornadas a Honduras desde 2016 a la fecha, el 65 % son del sexo masculino mientras que el 35 % son niñas. El 62 % venían acompañados mientras que los restantes lo hicieron no acompañados.

– Solo en lo que va del 2019, unos 20 mil 205 niños, niñas y adolescentes fueron retornados a Honduras de los cuales el 96 % procedían de México.

Indicó que se han tomado decisiones en las que se coloca a la niñez en una situación de vulnerabilidad agravada, que permite la posibilidad de que sean víctimas de violencia, trata de personas y explotación, además de los daños psicológicos y emocionales que una separación les provoca.

“Hemos tenido a lo largo de la historia de la migración y particularmente en este siglo, numerosas migraciones forzadas que han implicado desintegración familiar”, señaló.

Indicó que principios de derechos humanos como el interés superior del niño, así como el derecho a vivir dentro de una familia que sea funcional la han perdido muchas personas en Honduras.

Agregó que eso ha ocasionado una serie de problemas que agregados a la pobreza han obligado a las personas a migrar por falta de empleo o de oportunidades.

Declaró que la desintegración familiar ha traído consigo una serie de consecuencias en las cuales los más afectados son los niños, niñas y adolescentes que quedan en una situación de desamparo.

Otro de los problemas mencionados por el Ombudsman hondureño es el de los niños que migran en compañía de sus padres pero que, al llegar al país de destino, han sido separados.

Se estima que entre el 2016 y octubre del 2019 han sido retornadas a Honduras alrededor de 257 mil 400 personas de los cuales el 81 % son adultos mientras que el 19 % son niños, niñas y adolescentes, procedentes en más de 99 % de los casos de México y Estados Unidos.

El registro estadístico establece que del total de personas retornadas el 79 % son hombres mientras que el 21 % son mujeres.

De los 49 mil 301 niños, niñas y adolescentes retornadas a Honduras desde 2016 a la fecha, el 65 % son del sexo masculino mientras que el 35 % son niñas. El 62 % venían acompañados mientras que los restantes lo hicieron no acompañados.

Solo en lo que va de 2019, unos 20 mil 205 niños, niñas y adolescentes fueron retornados a Honduras de los cuales el 96 % procedían de México.

Herrera Cáceres recordó que, en julio de 2018, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y otras cuatro Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de América, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares para interrumpir la práctica de separar a los niños, niñas y adolescentes migrantes de sus familias.

El objetivo de las medidas cautelares era prevenir que niñas, niños y adolescentes migrantes fueran separados de sus familias en la frontera sur de los Estados Unidos de América, y de proteger sus derechos a la familia, la integridad personal, la salud y la libertad personal.

Según el Defensor del Pueblo, ese tipo de prácticas vulnera el derecho a la unidad familiar de las personas migrantes, afectando de manera irreparable los lazos familiares de las niñas, niños y adolescentes migrantes.

“La separación de los hijos de sus padres es contraria al interés superior por los daños emocionales que esto le ocasiona a la niñez”, señaló.

Sostuvo que se ha dejado de proteger el derecho a la unidad familiar y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes migrantes, y que incluso, se ha utilizado la separación de familias como una sanción contra las personas que intentan migrar.

En su criterio, ningún Estado puede considerar a un niño o una niña en situación irregular para negarle sus derechos humanos.

Indicó que una obligación de cualquier Estado es asegurar que el interés superior del niño es el que guía todas las decisiones que se puedan tomar.

“Todo niño o niña tiene el derecho a gozar del respeto a su dignidad y asegurar las mejores condiciones para que esto no le implique ningún trastorno físico ni emocional ni psicológico ni tenga impacto negativo en su desarrollo”, declaró.

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