Tegucigalpa – Después de brindar atención a más de 2 mil hondureños desplazados por violencia en el último año se logró identificar que 2.1 % de los victimarios son servidores públicos, dijo a Proceso Digital, Mauricio Quijano, director del programa de Protección de Derechos Humanos, de la Organización No Gubernamental Cristosal.
La ONG que tiene presencia en los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) alertó que en el tema de desplazados por violencia han identificado una importante proporción de casos vinculados con la población lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer (LGBTIQ+, se suele añadir el símbolo + para incluir todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriores).
“Cerca del 2 % de la población atendida es población LGBTIQ+, la que a nivel general de la población representa entre el 1 y 5 %, lo que significa que está a la cabeza de las vulneraciones de las afectaciones de violencia”, manifestó.
En cuanto a los agentes perpetradores de la violencia que genera desplazamiento forzado en el país centroamericano son las maras y pandillas, apuntó.
“Cuando vamos un poco más a detalles también nos aparece un 2 % de victimarios que son servidores públicos, es un dato que llama la atención ya que los agentes públicos están llamados a proteger derechos humanos y no a vulnerarlos”, enfatizó.
También han logrado identificar que cuando se trata de victimarios de la población LGBTIQ+ los principales victimarios es la propia población.
Este último dato es preocupante ya que refleja una interiorización de violencia e intolerancia contra la comunidad LGBTIQ+.
De su parte, Andrea Portillo, coordinadora de Cristosal en Honduras, razonó que desde enero hasta junio se registraron más de 50 mil retornados, lo que refleja que se está duplicando la cifra respecto al año anterior.
“Estamos viendo un aumento de migrantes retornados, es decir para final de año se van a superar las cifras que teníamos en el año 2021”, externó.
No obstante, a esta ONG le inquieta la situación con los migrantes en tránsito, los cuales hasta la fecha ascienden a más de 38 mil, un número bastante elevado, apostilló la coordinadora de Cristosal.
Consideró que la acumulación de migrantes en el oriente de Honduras por la falta de capacidad de pago de una sanción administrativa que imponen las autoridades hondureñas es una situación compleja que puede derivar en “una bomba de tiempo”.
