Washington – La bancada demócrata en el Congreso garantizó hoy la creación de un proyecto de ley para que los amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el de Partida Forzada Diferida (DED) accedan a la ciudadanía del país.
«Tenemos el compromiso del liderazgo demócrata de que aprobaremos una ley que proteja a los titulares de DACA, TPS y DED. (…) Es crucial que aprobemos este tipo de legislación para que puedan llamar a nuestra nación su hogar», dijo el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Joaquín Castro, en una rueda de prensa en el Capitolio.
Castro hizo estas declaraciones rodeado de decenas de inmigrantes protegidos actualmente por esos programas y por varios de sus colegas del Caucus, como los representantes Nydia Velázquez, Sylvia García, Rubén Gallego, Chuy García y Verónica Escobar, entre otros.
Precisamente, Velázquez, que representa el distrito 7 de Nueva York, anunció que presentará una propuesta de ley junto con la representante Lucille Roybal-Allard para proteger a esos inmigrantes «la próxima semana».
«La legislación en la que estamos trabajando les otorgará la oportunidad de convertirse en titulares de la tarjeta de residente permanente («green card», en inglés) y, luego, en ciudadanos», explicó la congresista.
En sus intervenciones, los miembros del Caucus cargaron contra la Administración del presidente, Donald Trump, por intentar eliminar DACA y cancelar varios programas del TPS y del DED; y pidieron a los republicanos que apoyen legislaciones para regularizar la situación de cientos de miles de indocumentados.
«Debemos proteger a estas comunidades de las crueles políticas de Trump y preservar su sueño», agregó Velázquez.
Entre los participantes en la conferencia estuvo el hondureño Mardoel Hernández, amparado por el TPS desde 1999 y residente en Maryland.
«Llevamos décadas trabajando muy duro y siendo parte de la sociedad estadounidense, contribuyendo a la economía creando negocios y comprando propiedades», argumentó en declaraciones a Efe el miembro de la Alianza Nacional del TPS.
Hernández urgió al Congreso a que encuentre una solución para que «más de 450.000 familias no sean separadas por las decisiones de la actual Administración».
En los últimos meses, Trump ha cancelado el TPS para países como Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras, obligando a sus nacionales a elegir entre buscar otras vías para legalizar su estado, vivir sin documentación o regresar a sus países.
La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la extensión hasta el 2 de enero de 2020 del TPS para los beneficiarios de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, en cumplimiento de un fallo judicial.
En este sentido, varias organizaciones, incluyendo CASA Maryland, United We Dream y Families Belong Together, acudieron hoy a una audiencia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en la Cámara de Representantes para «presionar» al Gobierno de Trump.
En esa audiencia, Nielsen defendió la declaración de emergencia nacional de Trump para financiar el muro y expuso los motivos que impulsaron la política de «tolerancia cero», que provocó la separación de cerca de 3.000 familias de inmigrantes indocumentados el año pasado.
Al mismo tiempo, el Comité Judicial de la Cámara Baja acogió una audiencia sobre políticas migratorias, en la que se trató la protección de los amparados por el DACA y TPS.
El DACA protege a sus beneficiarios de la deportación y en ciertos casos les otorga un permiso de trabajo temporal y les permite acceder a una licencia de conducir, unos beneficios que deben renovar cada dos años.
Trump anunció que DACA debía terminar el 5 de marzo del año pasado si el Congreso no llegaba a un amplio acuerdo sobre inmigración, aunque no llegó a expirar porque varios tribunales obligaron al Gobierno a mantenerlo vivo.
El TPS fue creado en 1990 y a través de él el país concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de Estados afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
El DED es similar a TPS y permite aplazar la deportación de personas que podrían correr peligro si son enviadas a los países donde hay inestabilidad política o desastres naturales.
