Denver (CO) – Colorado demandará a la administración del presidente Donald Trump por retener 2,7 millones de dólares para proyectos de seguridad pública, no entregados por la falta de colaboración de la policía local en temas inmigratorios, informó hoy el procurador de justicia estatal, Phil Weiser.
«El Estado de Colorado desafía la ilegal decisión del Gobierno federal de retener los subsidios federales de seguridad pública hasta que las fuerzas del orden estatales y locales cumplan con las condiciones de inmigración ilegal impuestas por el Departamento de Justicia», expresó Weiser en su comunicado.
El fiscal general estatal dijo que confía en que este conflicto se resuelva en favor de Colorado después de que varios jueces hayan detenido los intentos del Gobierno federal de imponer esas condiciones, en su opinión, ilegales en cada caso que el tema llegó ante esas cortes.
Una de las últimas decisiones judiciales en este sentido se conoció la semana pasada, cuando California anunció que había logrado un amparo legal que impedía al Gobierno imponerle requisitos sobre los casi 30 millones de dólares en subvenciones para la seguridad pública.
La demanda, que cuenta con el respaldo del gobernador Jared Polis (demócrata como Weiser) indica que los fondos fueron adjudicados en 2018 por el Congreso a Colorado como parte del programa de subsidios del Departamento de Justicia, pero nunca transferidos a este estado por la negativa de las autoridades locales de colaborar en materia migratoria, de competencia exclusiva del Gobierno federal.
De hecho, solamente 1 de los 64 condados de Colorado, el de Teller, tiene un acuerdo firmado con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). El acuerdo fue firmado este año y tiene un alcance limitado por fallos emitidos por la Corte Suprema de Colorado y por otras cortes estatales durante 2018 que restringen esa cooperación.
Los subsidios federales se usan para la adquisición de tecnologías o para la implementación de una variedad de programas judiciales o penitenciarios en distintas jurisdicciones, desde ciudades y municipalidades hasta condados y el estado en su totalidad.
La demanda presentada por Colorado argumenta que el Gobierno federal no puede imponerles a los estados condiciones no impuestas por el Congreso cuando el Congreso adjudicó esos fondos.
«Según la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, el Gobierno federal no está autorizado a ‘apropiarse’ o a imponer condicionales a las autoridades locales o estatales sobre cómo hacer cumplir las leyes federales», expresó el fiscal Weiser, enfatizando que la demanda es una manera de «defender la soberanía estatal».
Según el Buró del Censo, en Colorado residen unos 560.000 inmigrantes, es decir, el 10 % de la población estatal.
De ellos, el Pew Research Center estima que unos 160.000 serían indocumentados, aunque esa cifra oscila entre los 60.000 y los 250.000, según otras fuentes.
