Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – La infancia es la edad donde se crean muchos sueños, que todo niño quiere convertir en realidad, sin embargo, muchos menores no encuentran más que sombras que empañan y marcan su futuro, debido a que son víctimas de distintos abusos o delitos, que luego en el país caen en la impunidad y tampoco hay reparación de daños.
Los especialistas en salud mental, indican que, la mente de un menor de edad es dinámica y se encuentra en constante evolución, influenciada por una variedad de factores internos y externos. Su capacidad de aprendizaje, adaptación y desarrollo emocional y social son fundamentales para su crecimiento y bienestar.
Añaden que durante la infancia y la adolescencia, el cerebro está en constante desarrollo y se moldea en respuesta a las experiencias, el entorno y las interacciones sociales, es por ello que es fundamental que se les procure un desarrollo sano e integral, pero lejos de eso muchos menores son abusados, incluso por sus propios progenitores, en Honduras estos casos cada vez son más comunes, donde padres o madres abusadores violentan a sus hijos de diferentes formas y en casos extremos hasta quitarles la vida.
Cifras revelan triste realidad
La directora de Casa Alianza, Cándida Sauceda, alertó sobre la grave vulnerabilidad que enfrentan los menores en Honduras, destacando la preocupante cifra de 3,500 casos de vulneración registrados de enero a los primeros días de mayo de 2024, de los cuales solo 200 han sido procesados. Sauceda subrayó la indiferencia del Estado particularmente el Ministerio Público, pero también de la sociedad en general ante esta situación alarmante.
En este contexto, Proceso Digital le planteó la pregunta sobre qué está fallando en la institucionalidad que no se logra minimizar el riesgo que sufren los menores. La respuesta de la experta apuntó a la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva comunitaria, involucrando a diversos actores interesados en la protección de la infancia. Esto incluye no solo a las autoridades gubernamentales, sino también a las organizaciones de la sociedad civil y otros sectores, con el fin de ampliar la capacidad de exigencia hacia el Estado.
Además, se destacó la importancia de no limitar la atención solo a las zonas urbanas, sino también prestar atención a las áreas rurales. Fortalecer el tejido social permitiría implementar acciones en favor del desarrollo de la niñez y garantizar la aplicabilidad de sus derechos en todo el país.
Por su parte, la ministra de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Lizeth Coello, declaró que solo durante el primer trimestre del presente año, se atendieron más de 3,300 casos de menores víctimas de diversos tipos de abuso en todo el territorio.
La funcionaria pormenorizó que entre los abusos reportados se incluyen casos de maltrato físico, abuso sexual, privación de alimentos, desnutrición, abandono en hospitales, lugares públicos e incluso la recuperación de niños en situación de calle.
Reconoció que estas cifras son preocupantes, evidenciando al menos dos casos diarios, especialmente de abusos contra niñas, lo que representa un desafío significativo para la situación de la infancia en el país.
Las cifras de investigaciones indican que la situación de vulneración infantil es alarmante para el caso en el delito de abuso sexual infantil, se estima que cada 4 horas en el país, una niña o niño se convierte en víctima.
Casa Alianza reporta que, en los últimos dos años, se han contabilizado más de 2,300 denuncias de abuso sexual infantil en Honduras, y se enfatiza en que esta cifra podría ser solo la punta del iceberg, ya que existe un amplio número de casos que no son denunciados debido a la falta de confianza en las instituciones.
Además, se reafirma que la mayoría de los delitos ocurren en el entorno familiar, perpetrados por parientes cercanos o personas de confianza, lo que dificulta la denuncia por parte de los menores afectados.
Muertes violentas
Según el informe más reciente de Casa Alianza, durante los últimos 26 años, particularmente entre febrero de 1998 y marzo de 2024 se han registrado en el país 14,559 casos de ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años.
El mismo informe refiere que en el transcurso de veinticinco meses del actual gobierno de Xiomara Castro Sarmiento, se registran 583 muertes violentas y ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en el país. Pero se hace la salvedad que ese registro es de acuerdo con monitoreo de medios por lo que se colige que la cifra puede estar muy por debajo de todos los casos que realmente han sucedido.
Otro dato en cuanto a muertes violentas es el que revela el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) que indica que en los últimos 52 meses (2000/ abril del 2024) dejó alrededor de 950 muertes violentas de niñas y niños. De igual forma, se da cuenta que el riesgo al desplazamiento por violencia de menores se ha incrementado considerablemente.
Otras vulneraciones a menores se dan en el área social por ejemplo en el área de la salud, donde los menores siguen siendo los más afectados por ejemplo en casos de dengue, pero también son vulnerables a otras enfermedades, por falta de acceso a la salud pública y por otra parte por el descuido de los padres o encargados.
La misma situación de vulnerabilidad se da en el caso de educación, donde cientos de niños y niñas siguen fuera de las aulas escolares, mientras el sistema educativo no brinda las condiciones adecuadas. Según Casa Alianza de las 6,000 nuevas plazas que se requieren para cubrir parte del déficit que hay en el sistema educativo público, no se crearán este año debido a la falta de presupuesto en La Secretaría de Educación, donde se requiere más de 4,000 millones de lempiras para dicha contratación.
Por ello no es extraño ver constantes protestas de padres de familia en distintas comunidades exigiendo la contratación de docentes. Y por otra parte factores claves como la pobreza y pobreza extrema no permiten a muchos menores ir a la escuela porque más bien deben trabajar para poder comer.
Otro indicador que no muestra mejoría es el de salud sexual reproductiva, que en muchas ocasiones está ligado al delito de abuso sexual, por ello Honduras sigue encabezando cifras de embarazos en adolescentes.
Y así entre cifras e indicadores negativos transita el porvenir de cientos de niños y niñas en Honduras que debido a su condición de vulnerabilidad son propensos a caer en garras de delincuentes y bandas de crimen organizado o maras y pandillas.
Impacto devastador y cicatrices invisibles
El director del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, el doctor Josué Cáceres, apuntó en entrevista con Proceso Digital que las consecuencias del abuso infantil son profundas y pueden tener repercusiones devastadoras en la vida de los niños y niñas, así como en la sociedad en general.
Desde el punto de vista individual, los niños que sufren abuso enfrentan una variedad de desafíos emocionales, psicológicos y físicos que pueden persistir hasta la adultez. Estos incluyen trastornos de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, dificultades para establecer relaciones saludables, baja autoestima, problemas de conducta y un mayor riesgo de involucrarse en comportamientos de riesgo, como el abuso de sustancias, agregó.
Destacó que ante la dificultad de que existirán por siempre los abusadores, lo más importante es crear entornos más seguros para los menores. Cáceres señala que es crucial estar alerta a los síntomas que puedan indicar que un niño está siendo víctima de abuso, como cambios en su comportamiento, retraimiento, miedo, bajo rendimiento escolar e irritabilidad.
El psiquiatra enfatiza que la historia de vida de una persona puede determinar su comportamiento y los abusos pueden desencadenar patologías mentales en el futuro, especialmente si hay predisposición genética.
El profesional también alertó que los abusos en menores son factores de mayor riesgo para caer en el consumo y adicción a las drogas. En ese sentido Cáceres lamentó el aumento del consumo de drogas, especialmente entre los jóvenes, señalando que la edad de inicio está disminuyendo, con niños de tan solo 11 o 12 años que ya están experimentando con sustancias. Esta tendencia no se limita a las grandes ciudades, sino que se observa también en municipios y zonas rurales. El otro gran problema es que el consumo ahora no se limita solo al alcohol, sino que hay drogas más complejas como los opioides, la cocaína y la heroína.
Ante la difícil realidad de abusos a menores destacó la importancia del apoyo que las víctimas deben tener, de parte de todo su entorno y del mismo Estado para prevenir conductas disruptivas y patologías mentales futuras. Recalcó que son imprescindibles los proyectos de ayuda y prevención.
Abordando la situación
Ante la ola desbordante de casos de abuso de menores que sacuden la sociedad recientemente la presidenta Xiomara Castro llamó a reunión con el Consejo Nacional de Garantías de Derechos de la Niñez y la Adolescencia para buscar soluciones a la problemática del creciente abusos y violencia contra los menores en Honduras. En ese sentido los defensores solicitan que se vaya más allá de simples medidas que se quedan en papel y se pase a la acción.
Los expertos consultados concluyen que para abordar los casos de abusos a menores y sus consecuencias individuales y sociales, es crucial implementar estrategias integrales que incluyan la prevención del abuso infantil, la detección temprana, la intervención efectiva, el apoyo a las víctimas y la promoción de entornos seguros y protectores para todos los niños. LB
