Tegucigalpa – El alza de tarifas de servicios públicos en Honduras como la energía eléctrica, el desempleo, precios de la canasta básica, la desprotección del consumidor o usuario, son parte de las causas que provocan migración forzada de hondureños, advirtió este día el titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres.
-Anualmente unos 100 mil hondureños emprenden la ruta migratoria de forma irregular, exponiéndose a robos, secuestros y asesinatos durante la travesía.
“La pobreza que afecta el nivel básico de vida digna de las personas, el alza de tarifas de servicios públicos, la inseguridad derivada de la violencia en especial de pandillas y crimen organizado, están entre las causas de la migración forzada, expresadas reiteradamente por los migrantes”, dijo el Defensor del Pueblo.
Proveer energía eléctrica a los habitantes es una responsabilidad del Estado, porque es un derecho humano que se le debe garantizar a la población, por medio de un servicio público continuo, disponible, accesible, asequible y de calidad, sin exclusión alguna, expresó.
Al respecto, el Ombudsman hondureño solicitó a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), asegurar el goce del derecho de acceso al servicio público de energía eléctrica, así como promover la transparencia en la fijación de la tarifa, logrando un beneficio equitativo, conciliando los criterios científicos con los principios sociales que fundamentan este servicio.
Además exigió evitar aumentos que afecten inequitativamente la economía de la población principalmente para las personas en situación de pobreza o grupos en condición de vulnerabilidad.
El Ombudsman hondureño reconoció que la energía eléctrica, es un suministro esencial para la vida, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.
Mencionó, para el caso, que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, plantea como uno de sus objetivos “garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos”.
Se estima que el 99.0% de las viviendas de la zona urbana tienen cobertura por el sistema público de electricidad, mientras que el 74.7% de las viviendas rurales cuenta con el mismo.
En el 2015, se creó la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), con el propósito de regir la política energética en el país, revisar y aplicar las tarifas de energía eléctrica, vigilar el abastecimiento y su comercialización.
Desde el 2016, el Conadeh, sobre la base de denuncias atendidas y tomando acción de oficio, motivó el acercamiento con los representantes de la CREE.
Por tratarse de un tema de interés nacional y su impacto en el ejercicio de los derechos humanos de todos los habitantes, el Conadeh hizo una seria de recomendaciones al Estado y la sociedad, con el objetivo de verificar y asegurar que el enfoque de derechos humanos sea tenido en cuenta en la aplicación de la Ley, sus reglamentos y, sobre todo, en la elaboración de la Política Pública del Sector Energético.
El titular del Conadeh manifestó que es necesario aplicar principios de derechos humanos en el objetivo del servicio público, que debe beneficiar a los habitantes y a la universalidad, posibilitando que ninguna persona quede excluida del suministro y, en especial, asegurando la inclusión de los sectores menos favorecidos de la población.
Las recomendaciones inicialmente planteadas a la CREE estaban encaminadas a instalar un sistema de quejas para garantizar respuestas prontas y confiables, examinar los daños que se están causando no sólo a los hogares, sino que también a las comunidades, avanzar en lo relativo a la determinación del monto de las indemnizaciones a los usuarios afectados, cuando la falla sea imputable a la empresa distribuidora de energía eléctrica.
Elaborar y aplicar protocolos de suspensión que anuncien tempranamente la necesidad fundamentada de interrumpir el servicio público de la energía hacia un sector o comunidad, asegurar siempre el goce del derecho humano a la energía y promover la transparencia en las tarifas, para que todo se haga en beneficio económico equitativo de los habitantes.
De igual manera, a la población en general, el Conadeh recomendó e hizo el llamado para constituir asociaciones de protección de los usuarios de la energía eléctrica que contribuyan a defender este derecho en cada comunidad.
La CREE notificó su disposición de implementar las recomendaciones del Conadeh, estableciendo planes específicos para el cumplimiento de las mismas.
Sin embargo, durante el 2017 y el 2018, continuó el malestar de la población debido a las acciones que se tomaron respecto al aumento del valor del servicio, así como de los cortes de energía prolongados, falta de respuesta en la atención de denuncias, cobros indebidos y fallas eléctricas, entre otras.
El Conadeh atiende un promedio anual de un centenar denuncias relacionadas al servicio de energía eléctrica, las que, en su mayoría (74.16%), están relacionadas con problemas de atención y servicio.
Casi medio centenar de denuncias están relacionadas con cobros indebidos al servicio de energía eléctrica, además, las personas se quejaron por las dilaciones indebidas en la tramitación de peticiones y otras por negación al derecho de acceso al servicio.
