Nueva York – La orden ejecutiva que el gobierno de Joe Biden emitió ayer para restringir de forma drástica el derecho de asilo en Estados Unidos «pone en riesgo a miles de personas», además de ser contraria a las convenciones internacionales sobre derechos humanos y sobre los refugiados, denunció hoy en un comunicado la organización Human Rights Watch.
La orden, recuerda la respetada organización, equivale a cerrar la frontera a los solicitantes de asilo a partir de cierto número (2.500 de media durante 7 días) pese a que el artículo 31 de la Convención de Refugiados deja claro que toda persona tiene derecho a pedir protección en la frontera.
La orden ejecutiva se ha decidido «concentrándose en cifras arbitrarias en lugar de en seres humanos (e) ignora el daño potencial a individuos, familias y niños que pueden ser obligados a regresar por la fuerza al peligro», en palabras de Vicki B. Gaubeca, directora asociada de políticas migratorias en EEUU en la organización.
Además, Gaubeca señala que es una política que replica las políticas anti-inmigración más duras del anterior gobierno de Donald Trump, «alimentando el temor contra los inmigrantes» y tratando de aparentar ser más duros en el control de las fronteras.
De hecho, Gaubeca inscribe la orden en el contexto de «este teatro político que aparece siempre en cada ciclo electoral presidencial», y lamenta que en lugar de ello Biden no haya optado por «crear un enfoque equilibrado y de respeto a los derechos para gestionar la frontera con México».
Sin embargo, recuerda que no es esta la primera restricción al derecho de asilo de la Administración Biden, y recuerda una primera limitación el pasado año (con una ley que obligaba al inmigrante a registrarse en una app telefónica o a solicitar el asilo en un país de tránsito), más los planes para reforzar cada vez más la cooperación entre los departamentos de Justicia y Seguridad (interior) con una óptica cada vez más policial.
