Tegucigalpa – Más de 276,000 migrantes irregulares, la mayoría venezolanos, han cruzado Honduras este año en tránsito hacia EEUU, según las autoridades, una cifra que ha desbordado la capacidad institucional del país y evidencia que el fenómeno requiere de cooperación regional y es una responsabilidad compartida.
El coordinador del Observatorio de Migración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), César Castillo, aseguró este miércoles a EFE que la migración es una «responsabilidad compartida» entre los países de origen y destino, pues el fenómeno no se puede atender de «manera aislada» y requiere una «atención de manera regional».
Entre enero y el 7 de agosto, llegaron a Honduras 276.096 viajeros irregulares, de los cuales 132.177 o el 48 % eran venezolanos, una cifra que podría aumentar en los próximos meses ante la crisis en Venezuela, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM).
«Es una situación preocupante, recordemos que el flujo de migrantes por el país ha aumentado en los últimos años, hace 3 años teníamos un flujo de 37.000 personas aproximadamente, después pasó a 188.000 y el año pasado tuvimos más de 500.000 personas que ingresaron al país de manera irregular», subrayó Castillo.
Responsabilidad compartida
«Honduras tiene que trabajar en coordinación con estos países para mejorar la asistencia humanitaria y las atenciones en derechos humanos a estas poblaciones, y asegurarse que se respeten los derechos», agregó Castillo.
Destacó que Honduras, donde más del 60 % de sus 9,8 millones de habitantes viven en pobreza, es un «país expulsor» de su población, pero también se ha convertido en un punto de tránsito obligatorio para miles de migrantes latinoamericanos, africanos y asiáticos que intentan llegar a EE.UU.
Por ello, añadió Castillo, las autoridades hondureñas deben buscar «mejorar las condiciones de vida de nuestra población y atacar los factores que implican la migración, así como también buscar acciones para poder atender a estas poblaciones que transitan por nuestro país y brindarles una adecuada asistencia humanitaria».
Muchos de los viajeros son acogidos en cuatro Centros de Atención al Migrante Irregular (CAMI), habilitados por el Gobierno, donde les toman sus datos biométricos y les ofrecen servicios médicos y alimentación.
Situación desbordada
La entrada de migrantes ha «desbordado» la capacidad de respuesta de instituciones estatales y de asistencia humanitaria en Honduras, aseguró Castillo, quien lamentó que el Gobierno no declare «una emergencia» por el alto flujo de personas en movilidad humana.
A su juicio, Honduras no tiene los recursos ni la experiencia para atender flujos masivos de personas, pues históricamente «ha sido y sigue siendo un país expulsor de migrantes», aunque reconoce «los esfuerzos» del Gobierno hondureño.
En esta ola migratoria hay familias enteras con niños y adolescentes. Según datos del Instituto Nacional de Migración de Honduras, 69.584 migrantes irregulares del total que ingresaron al país este año eran menores de edad.
El alto flujo de menores de edad migrando «es preocupante porque los niños, las niñas y los adolescentes son los que están en mayor riesgo y en condiciones de mayor vulnerabilidad, y los que necesitan mayor protección», indicó.
Castillo cree que, de mantenerse el ritmo de entradas al país, este año podría cerrar con la llegada de alrededor de un millón de personas, especialmente después de la situación en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como vencedor de los comicios.
