Tegucigalpa – La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre recomendó la implementación de mecanismos encaminados a prevenir la trata de personas, la explotación sexual comercial y otras graves violaciones a los derechos humanos que se dan en los flujos migratorios y que afectan principalmente a niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Indicó que es necesario suscribir acuerdos multilaterales y regionales para articular la labor en materia migratoria y así poder establecer procesos claros y mecanismos de cooperación entre los países de origen, tránsito y destino para facilitar la movilidad humana con una protección adecuada.
Se deben fortalecer los sistemas de protección para brindar una atención diferenciada a los migrantes conforme a los convenios internacionales sobre refugiados , derechos del niño, la mujer, personas con discapacidad, adultos mayores y que sean accesibles para todos, declaró.
Sostuvo que se deben implementar mecanismos para prevenir graves violaciones a los derechos humanos que se dan en esos flujos migratorios como la explotación sexual comercial, la trata y que, desafortunadamente, a quienes más afectan son a las niñas, niños y adolescentes que van en esos flujos migratorios.
La Defensora del Pueblo es del criterio que se debe brindar asistencia humanitaria inmediata en las fronteras tanto en materia de salud, como de nutrición, legal y otros servicios que como Estados se tiene la responsabilidad.
Como Estados tenemos la obligación de garantizar los derechos de las personas que van en esos flujos migratorios sean regulares o irregulares, acotó.
Entre enero y el 11 de septiembre del 2024 transitaron por territorio hondureño alrededor de 292,000 personas migrantes procedentes de más de un centenar de países de Asía, África, Europa, el Caribe, Centro y Suramérica.
Durante el mismo periodo cruzaron territorio hondureño alrededor de 142,083 hombres, 75,880 mujeres, 33,025 niñas y 41,029 niños.
Se estima que el 97% de las personas migrantes ingresaron a Honduras por los municipios de Trojes y Danli, en la zona oriental del país.
La mayor parte de los migrantes que pasan por Honduras son de nacionalidad venezolana (141,035), cubana (47,366), haitiana (16,823) y ecuatoriana (16,389).
Protocolo de la FIO es fundamental para prevenir violaciones a los DDHH
La titular del CONADEH considera que las instituciones nacionales de derechos humanos tienen la responsabilidad de implementar medidas y acciones que permitan supervisar y anticiparse a los riesgos que se derivan de la migración, garantizando que se pueda brindar una atención diferenciada e integral a las víctimas del fenómeno migratorio.
Destacó que el protocolo de atención que tiene la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), es una herramienta fundamental para prevenir violaciones a los derechos humanos y dar una respuesta efectiva.
Explicó que el CONADEH, en los últimos 4 años, activó ese protocolo en, al menos, 30 casos de hondureños, lo que permitió coordinar la atención de las víctimas de violaciones a los derechos humanos que requieren asistencia en diferentes países
Agregó que esas colaboraciones se hicieron especialmente con las instituciones nacionales de derechos humanos de México, España, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Ecuador.
Crisis migratoria debe ser atendida con enfoque de DD HH
Señaló que los Estados están en la obligación de proporcionar el acceso a la información clara y accesible sobre cuáles son los procesos legales, derechos y oportunidades de participación de los migrantes.
Izaguirre fue contundente al señalar que la no discriminación es crucial para garantizar todos los derechos y libertades de las personas en movilidad humana.
La migración no solo es un fenómeno que debe ser gestionado, sino que también es una oportunidad para construir sociedades inclusivas y respetuosas de los derechos humanos , donde la colaboración efectiva entre Estados, organizaciones y comunidades se vuelve esencial para garantizar que cada migrante reciba la atención y la protección que se merece.
Sigamos trabajando con determinación y compromiso para atender, con un enfoque diferenciado de derechos humanos, esta crisis migratoria, concluyó la Defensora del Pueblo.
