Londres – El plan Ruanda, que vuelve a la luz pública ante las nuevas propuestas migratorias en la Unión Europea, fue un controvertido proyecto conservador para enviar a ese país a los inmigrantes que acceden de forma irregular al Reino Unido, pero fue descartado por el primer ministro, Keir Starmer,nada más llegar al poder.
La cuestión migratoria es uno de los principales asuntos de la cumbre europea que mañana y el viernes reunirá en Bruselas a los líderes de los Veintisiete, donde se analizará la propuesta de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, para un enfoque común sobre retornos y maneras de combatir la migración ilegal.
Entre las propuestas de Von der Leyen figura la creación de centros de retorno para migrantes fuera de la Unión Europea como los impulsados en Albania por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni.
Si bien ese acuerdo recuerda al fallido proyecto migratorio que los «tories» trataron de introducir en el Reino Unido ambos modelos plantean diferencias clave.
El de Italia es un plan a cinco años para externalizar los procesos de solicitud de asilo a migrantes irregulares, quienes tendrán la opción de regresar a Italia si su solicitud se resuelve en Albania de manera favorable.
En cambio, el plan Ruanda pretendía enviar, sin posibilidad de retorno, a quienes llegan en territorio británico en situación ilegal en pateras a través del canal de la Mancha.
El proyecto migratorio británico lo lanzó en abril de 2020 Boris Johnson cuando estaba al frente del Ejecutivo, y Rishi Sunak lo convirtió luego en uno de los ejes de su programa.
Mientras que el modelo de Meloni ha sido puesto como ejemplo dentro de la UE, el plan del Reino Unido generó controversia desde el principio y tuvo que sortear varios escollos legales, para ser luego eliminado por el nuevo primer ministro laborista nada más llegar al poder.
Tras ganar con mayoría los pasados comicios generales del 4 de julio, el dirigente del laborismo señaló que el polémico proyecto «estaba muerto y enterrado incluso antes de empezar. Nunca fue disuasivo» y aseguró que no estaba «dispuesto a continuar con medidas engañosas».
Si el plan de Italia es visto con buenos ojos en Bruselas, el plan Ruanda contó con el rechazo europeo.
El primer vuelo con solicitantes de asilo que iba a partir hacia Ruanda el 15 de junio de 2022 no pudo despegar debido a una orden de urgencia emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El 15 de noviembre de 2023, el Tribunal Supremo del Reino Unido, máxima instancia judicial del país, lo consideró ilegal al encontrar que, a raíz de las evidencias, existía un riesgo de que los demandantes de asilo enviados a Ruanda pudieran estar en peligro de ser deportados a sus países de origen.
Ese fallo supuso entonces un duro varapalo al Gobierno, y llegó después de que el Ejecutivo de Sunak hubiera recurrido el dictamen de un tribunal inferior -la Corte de Apelación- que consideró también que Ruanda no era «un país seguro» para enviar a los inmigrantes.
El pasado 23 de abril, como forma de sortear el veto judicial, el Parlamento británico aprobó una controvertida ley que declaraba Ruanda como «país seguro» y permitía la deportación allí de migrantes que hubieran entrado de manera irregular, después de un tira y afloja en el Parlamento entre la Cámara de los Comunes (baja) y la de los Lores (alta).
Sin embargo, la llegada de los laboristas al poder frustró el proyecto.
El plan Ruanda le costó a Londres una suculenta cantidad, ya que el Ejecutivo británico abonó al país africano una partida inicial de 240 millones de libras (286 millones de euros) por acoger a los deportados.
Al quedar el plan anulado, Ruanda se negó a devolver la cantidad por haber sido el Reino Unido el país que puso fin al acuerdo.
El Reino Unido se había comprometido a pagar 370 millones de libras (439 millones de euros) más durante los próximos cinco años, así como un complemento de 120 millones (142 millones de euros) una vez hubieran llegado trescientos migrantes.EFE
