Roma – La llegada este sábado a Italia de los doce migrantes que seguían en centros de retención en Albania ilustra el golpe al sistema de externalización migratoria que, pese a las reservas de la Justicia, el Gobierno de Giorgia Meloni quiere mantener con medidas legislativas para asegurar su viabilidad.
Después de que el barco de la Guardia Costera italiana atracara en el puerto de la ciudad de Bari, en el sur de Italia, los migrantes fueron llevados a un centro de acogida de solicitantes de asilo y se espera que presenten recurso al rechazo de sus solicitudes de asilo que Italia emitió en un procedimiento acelerado desde Albania.
En este país balcánico, donde Meloni apuesta por externalizar las gestiones de recibo, petición de asilo y deportación de migrantes, los centros de retención que el Ejecutivo de Roma levantó en virtud de su polémico pacto con Albania han quedado ahora vacíos.
Esto sucede tras el fallo de ayer de la corte de primera instancia de Roma, que ordenó que la docena de migrantes que seguían en estos centros cerrados debían ser traídos a Italia. Su argumento central fue que sus países de origen -Egipto y Bangladesh- no eran seguros, por lo que invalidaba su retención en Albania, en línea con una sentencia del 4 de octubre del Tribunal de Justicia europeo.
Esta sentencia ha abierto una disputa entre el Gobierno italiano y la Justicia, una pugna que los próximos días podría ir en aumento ante los planes del Ejecutivo, que prevé tomar medidas legislativas para sortear las implicaciones del fallo judicial y garantizar la posibilidad de seguir trasladando migrantes a Albania, en un sistema sin precedentes que la oposición italiana rechaza y pide desmantelar.
La reunión del Consejo de Ministros del lunes abordará cómo hallar «una solución» al escollo interpuesto por el poder judicial, según la propia Meloni. Este sábado lo destacó el ministro de Justicia, Carlo Nordio, que anunció que el Ejecutivo tomará medidas legislativas al respecto para mantener activo el acuerdo con Tirana.
Prensa local informó de que la coalición planea aprobar un decreto-ley que sería de adopción casi inmediata y cambiaría la norma sobre cómo designar los países de origen de migrantes considerados seguros.
Este es el gran elemento en disputa con el Gobierno, que asegura que el poder judicial intervino en un asunto que es competencia del Ejecutivo. Meloni tiene la lucha contra la migración irregular como uno de sus principales caballos de batalla y este es el tema clave que ha hecho fuerte a la ultraderecha en Italia estos últimos años.
Tras abrirse esta nueva disputa, las fuerzas de la oposición instaron este sábado a Meloni a no cuestionar el dictamen judicial.
«Nadie está por encima de las leyes europeas, internacionales e italianas y menos los que gobiernan», dijo Elly Schlein, líder del centro-izquierdista Partido Demócrata, principal fuerza opositora.
Meloni también fue criticada por el secretario general del partido Más Europa, Riccardo Magi, que acusó a la primera ministra de querer «una Justicia sujeta a sus políticas».
«Primero se inventan las colonias de detención en Albania y desafían las leyes italianas y europeas, después encuentran un tribunal que pide que apliquen la ley, se hacen las víctimas y acusan a la magistratura de estar politizada», agregó Magi.
Este también denunció las reacciones de Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga y vicepresidente del Gobierno, que acusó a los jueces de ser «proinmigrantes» y hacer «política de izquierda».
«Ganar las elecciones no significa poder sacudir la separación de poderes o violar las normas, sobre todo las que garantizan las libertades fundamentales», dijo Magi. «No estamos aún en la Hungría» de Viktor Orbán, concluyó el diputado como advertencia ante un escenario en que el Gobierno parece poner en cuestión las bases del poder judicial.
